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Reportaje:REPORTAJE

Memoria enfrentada

Cuarenta años de franquismo se conservan en un piso burgués, bastante deteriorado, del madrileño barrio de Argüelles, sede de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). En el pequeño vestíbulo, decorado con un repostero con el escudo preconstitucional, hay fotografías, bustos, esculturas, retratos del dictador por todas partes, y sobre una amplia mesa se exponen los libros en venta: una reedición de Raza, y otra de Franco, ese hombre. Desde su creación en junio de 1977, por iniciativa de 227 personalidades de la vida pública de entonces, la fundación se ha dedicado a publicar libros sobre el Generalísimo, organizar conferencias y custodiar un archivo de casi 30.000 documentos. Una tarea a contracorriente en una sociedad que se iba desembarazando del franquismo a marchas forzadas.

"Nos parece que los años de Franco merecen una crítica seria que no se está haciendo. Creemos que a Franco se le hará justicia un día", dice su vicepresidente
Martín Nájera reconoce que el archivo de la Pablo Iglesias, pese a sus dos millones de documentos, tiene lagunas. Faltan, por ejemplo, papeles de la etapa del exilio

En el inicio de la transición comenzaron a constituirse en España muchas otras instituciones sin fines de lucro, amparadas por la propia Constitución, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Fundaciones como la Pablo Iglesias, la Anselmo Lorenzo, la Indalecio Prieto, la de Investigaciones Marxistas y un largo etcétera se constituyeron para preservar ese pasado.

El Protectorado y Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura acoge 1.275 fundaciones en toda España, a las que pronto se añadirán un centenar, ahora mismo en proceso de creación. En plena efervescencia de este tipo de instituciones -cada partido político tiene la suya-, la Fundación Francisco Franco vivía una vida autista, segregada de la España real, obligadamente recluida en el gueto de una ideología proscrita hasta que decidió entrar de lleno en la era Internet. Abrió una página en la web, de la que se ocupa el nieto del general Moscardó, y solicitó ayudas oficiales para informatizar su archivo. Contra todo pronóstico, el Ministerio de Cultura decidió otorgarle en 2001 una subvención de 150.000 euros, la segunda más generosa de las concedidas en el apartado de cooperación cultural, y la polémica quedó servida.

En el ministerio precisan que "las subvenciones se otorgan no a entidades, sino a proyectos relacionados con el mantenimiento y cuidado de archivos". De tal forma que en 2003 la Francisco Franco ha recibido 24.000 euros para finalizar la digitalización de su archivo, pero otros 18.891 euros han ido a parar a la Fundación Francisco Largo Caballero, ligada al socialismo, para realizar un inventario y digitalización del archivo de Julián Besteiro. También han recibido sumas menores en concepto similar la Pablo Iglesias, el cabildo de la catedral de Lleida, la Francisco Fernández Ordóñez, la Indalecio Prieto o la de Investigaciones Marxistas, según Cultura.

Ninguna ha conseguido tanto dinero como la FNFF, que al firmar el convenio con este ministerio se obligó a autorizar el acceso a sus fondos a todos los investigadores que lo requirieran.

"El archivo está digitalizado al 80%, y gracias a esta subvención final el trabajo concluirá pronto", dice Félix Morales, uno de los vicepresidentes de la fundación que preside la hija de Franco. "Era un material oscurecido, guardado en carpetas y en cajas, pero el ministerio vio que eran papeles muy estimables que merecían estar al alcance de los investigadores". Durante años han recibido críticas porque esto era precisamente lo que no ocurría. Estudiosos como Javier Tussell, Santos Juliá y Antonio Elorza protestaron por la política sectaria de la fundación y se quejaron de que el archivo de un jefe del Estado estuviera en manos privadas. "Izquierda Unida y otros grupos lo han reclamado, pero en realidad, ¿qué más da dónde está? Lo importante es que se puedan consultar", se defiende Morales.

De más fácil acceso son los archivos de la Pablo Iglesias, heredados de organizaciones socialistas. "Están abiertos a todo el mundo, con o sin carné de investigador", explica Aurelio Martín Nájera, que se ocupa de estos documentos, instalados en un edificio de la localidad de Alcalá de Henares. Las dos principales joyas de la fundación son las actas de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato socialista, desde 1888 hasta 1939, y el archivo del PSOE, con actas de la etapa republicana.

Camino del exilio

Buena parte de este material emprendió en 1939 el camino del exilio. Las actas de UGT regresaron a España procedentes de México en 1977, mientras que los archivos del PSOE fueron devueltos por las autoridades soviéticas en 1981.

Martín Nájera reconoce que el archivo de la Pablo Iglesias, pese a sus dos millones de documentos, tiene lagunas. Faltan, por ejemplo, papeles de la etapa del exilio, cuando Rodolfo Llopis era el líder socialista. Este material quedó en manos del PASOC -una escisión del PSOE-, y hoy es parte del patrimonio de la Fundación Indalecio Prieto. Otras personalidades de la España de aquellos años turbulentos, como Juan Negrín, conservaron en casa documentos públicos que han quedado después en manos de su familia. "En estos casos siempre es difícil establecer la frontera entre lo público y lo privado", comenta un experto en archivos. Otro tanto ha ocurrido con los papeles de Ramón Serrano Súñer, que fuera ministro de Exteriores franquista de 1940 a 1942.

También el legado anarquista, custodiado en la Anselmo Lorenzo, ha sufrido el trauma del exilio. Sus archivos están depositados en el Instituto de Historia Social de Amsterdam, adonde llegaron tras una etapa en Francia. La posterior escisión del movimiento anarquista dificultó notablemente el regreso de estos archivos a España.

"Aquí tenemos hoy los facsímiles, que se pueden consultar sin problemas, además de una biblioteca con miles de volúmenes, algunos únicos, como la Nueva geografía de Eliseo Reclus, geógrafo anarquista de la Comuna de París", dice Manuel Carlos García, bibliotecario y editor de la fundación. "El beneficio de constituirse en fundación, aparte de las exenciones fiscales, es tener una presencia en la sociedad, y en nuestro caso, promocionar nuestra editorial", añade García. "Desde el ecologismo al antimilitarismo, pasando por las parejas de hecho, todo son aportaciones del ideario anarquista", dice.

Una visión distinta de la guerra y de la terrible posguerra ha quedado recogida en los casi 30.000 documentos del archivo de la Francisco Franco. Morales prefiere detenerse en los episodios más neutrales. "Hay cosas muy curiosas, como un telegrama del presidente Lyndon B. Johnson en el que le pide a Franco soldados para la guerra de Vietnam, y la respuesta de Franco es impresionante. Le dice más o menos que esa guerra es una barbaridad y que Ho Chi Minh es un patriota".

Pero no son éstos los datos más solicitados por los historiadores. Morales reconoce que "es todavía pronto para mirar atrás con serenidad", teniendo en cuenta que hubo una guerra. La fundación se mantiene inmutable, incluso en las cifras de socios. "Son alrededor de 3.000". Su objetivo, dicen, "es dejar un testimonio para la historia. Nos parece que los años de Franco merecen una crítica seria que no se está haciendo. Creemos que a Franco se le hará justicia un día". Entre tanto, los solemnes reposteros que decoran la sede se van quedando descoloridos.

Desenterrando el dolor

LA ASOCIACIÓN para la Recuperación de la Memoria Histórica, fundada por Emilio Silva en vísperas de las elecciones generales de marzo de 2000, se ha quedado con las ganas de acceder al rango de fundación. "No lo somos porque nos faltan los 30.000 euros que exigen para la inscripción", explica Silva. Como asociación, casi enteramente dedicada a rastrear el paradero de los miles de fusilados por el bando nacional en los primeros meses de la Guerra Civil, también podría reclamar alguna ayuda, pero Silva considera que la tarea que él ha emprendido tendría que asumirla el Gobierno. "Lo hace el Ministerio de Defensa con los caídos de la División Azul. ¿Por qué no con los del otro bando?". Silva, que se metió en este tinglado cuando preparaba una tesis doctoral sobre su abuelo, fusilado en El Bierzo en 1936, se ha encontrado de pronto al frente de una colosal tarea. "Las peticiones de ayuda han ido creciendo. Hasta ahora hemos encontrado más de 200 fosas, pero tenemos más de 3.000 reclamaciones de búsqueda", dice. "Los que desenterramos son civiles asesinados en los cuatro primeros meses de la guerra". Una tarea compleja en la que participan forenses, arqueólogos y demás especialistas, que costean los gastos de la exhumación con su dinero. "La mayor parte de estos muertos no existieron, sólo hay un acta de defunción. No hay constancia escrita de estos fusilamientos hasta que Franco no regula las ejecuciones en noviembre de 1936". Silva asegura que su asociación tiene un valor emocional "porque es una buena manera de superar el trauma que dejó este episodio en los descendientes de quienes lo sufrieron". Pero la tarea no parece fácil. De hecho, en los años setenta se inició con fuerza la búsqueda de fosas comunes de la guerra, pero, dice, "el golpe de Tejero acabó con esta iniciativa. Todavía no puedo explicarme por qué el PSOE, que gobernó durante 14 años, no se ocupó de buscar a todos estos muertos".

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