Los divorcios de mutuo acuerdo crecen un 14% en el último año, con 5.721 peticiones

Los madrileños prefieren cada vez más el diálogo y el acuerdo con su pareja a la hora de separarse y, más tarde, alcanzar el divorcio. Los jueces de familia se encuentran cada vez con más matrimonios que llegan al juzgado con una propuesta de separación firmada y pactada por ambos cónyuges. De las 9.164 peticiones de separación y divorcio registradas en 2003, seis de cada diez (5.721) fueron de mutuo acuerdo. Si se compara esa cifra con la registrada un año antes (5.028), se observa un crecimiento del 14% en las demandas de separación o divorcio consensuadas.

En las separaciones y divorcios, los afectados pueden actuar de dos maneras: la más barata y que genera menos conflictividad en el seno familiar es la consensuada; es decir, cuando la pareja acude al juez con un convenio regulador bajo el brazo. El juez y el fiscal estudian el convenio, y si ven que en la distribución de bienes y derechos acordada por la pareja no se perjudica a los hijos -si los hay-, se limitan a ratificarlo.

La otra forma, mucho más costosa, porque obliga a los jueces a desplegar mayor actividad y trámites judiciales, es aquella en la que la pareja no se pone de acuerdo sobre el reparto de los bienes ni sobre la custodia de los hijos. Por ello, el juez se ve forzado a tomar una decisión de obligado cumplimiento. Son menos las demandas conflictivas que las otras, pero aun así, la cifra no es desdeñable. En 2003 se han presentado en los juzgados 3.443 peticiones de separación o divorcio conflictivas. En 2002 se presentaron 13 más; esto es, 3.456.

En el último año se ha notado, además, un incremento de separaciones entre parejas de hecho. Aunque se trate de uniones sin ratificación judicial, estas parejas terminan adquiriendo los mismos derechos que las otras y sus rupturas también hay que comunicarlas a la autoridad judicial. La infidelidad, el maltrato físico y psicológico y la ausencia de amor siguen siendo las causas que más esgrimen las parejas para romper sus vínculos.

En Madrid hay ahora mismo ocho juzgados de familia. Ésta es la jurisdicción más colapsada en la región, junto a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Sección Civil de la Audiencia. Precisamente, esta semana entrarán en funcionamiento dos nuevos juzgados de familia en Madrid para ayudar a descongestionar los ya existentes.

Un informe del Consejo General del Poder Judicial pone de relieve el efecto pernicioso que el gran atasco que sufren los juzgados de familia acarrea sobre las parejas en conflicto. A lo largo de 2003, conseguir cita con un juez de familia para que éste dictase una medida provisional sobre una pareja que quería separarse sin acuerdo era una odisea. Era y, de momento, sigue siéndolo.

Las parejas tienen que esperar ocho y nueve meses para que el juez las llame por primera vez y dicte las medidas cautelares o provisionalísmas (ver quién debe abandonar el domicilio familiar, régimen de visitas de los hijos...) hasta que se dicte la sentencia sobre el caso. Estas demoras en nada ayudan al ambiente del hogar , ya que imponer esa espera a una pareja que se quiere separar redunda negativamente en la tranquilidad de los hijos.

Dos nuevos juzgados

Con la creación de dos nuevos juzgados de familia a partir de la próxima semana, la capital tendrá 10 para resolver estos asuntos. Los nuevos juzgados estarán ubicados en un edificio que ha alquilado la Consejería de Justicia de la Comunidad en la calle del Capitán Haya, cerca de la plaza de Castilla.

Aparte del trabajo que ya tenían, los magistrados de familia han visto desde agosto aumentada su carga de trabajo con las órdenes de protección para mujeres maltratadas.

Ahora tienen también que pronunciarse, en el plazo de un mes, sobre las medidas cautelares -en torno a 60 mensuales- que adoptan los jueces de instrucción cuando un cónyuge acude al juzgado de guardia para pedir una medida de protección frente a su agresor en el ámbito familiar.

Muchas veces, el juez de instrucción acuerda el alejamiento del agresor del domicilio y establece un régimen provisional de visitas de padres a hijos. Pero lo que el juez de instrucción acuerde debe será luego supervisado, en el plazo de un mes, por el juzgado de familia.