El Gobierno catalán mantiene el plan de dar a la gestión privada la línea 9

El Gobierno tripartito de la Generalitat no tiene intención de revocar la decisión tomada hace más de un año por el Ejecutivo de CiU que abría la puerta a la gestión privada de la línea 9 del metro de Barcelona. Aunque no está totalmente decidido, todo apunta a que el Gobierno de izquierdas mantendrá la idea de convocar un concurso para la explotación y gestión de ese tramo ferroviario.

La puerta que permite la privatización de la línea 9 del metro se abrió en noviembre de 2002, cuando la mayoría parlamentaria de entonces (CiU y el PSC) aprobó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2003, en la que se planteaba la convocatoria de un concurso para los operadores, fuesen públicos o privados, para hacerse con la explotación y gestión.

Los ayuntamientos afectados por el trazado de esa línea, con Barcelona al frente, se mostraron muy beligerantes con esa iniciativa al considerar que encarecería el billete el 25%, según dijo en su día el primer teniente de alcalde, Xavier Casas. El consistorio fue más allá de las palabras y recurrió a los tribunales contra la decisión del Gobierno catalán.

Ayer, sin embargo, el secretario para la Movilidad, Manuel Nadal, aseguró en declaraciones a la cadena SER que el Gobierno tripartito no daría marcha atrás y convocaría ese concurso. Horas más tarde, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, y portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, matizó esas afirmaciones y aseguró que se mantendrá un diálogo "franco y abierto" con los ayuntamientos afectados antes de tomar una decisión.

Nadal aseguró que "todas las opciones están abiertas", aunque añadió que la no convocatoria de ese concurso podría afectar al libre mercado. Con un argumento parecido a ése, el entonces consejero de Política Territorial, Felip Puig, defendió la iniciativa de la Generalitat asegurando que la idea del concurso permitía "cumplir los trámites preceptivos de la libertad y competencia y concurrencia". El Ayuntamiento de Barcelona, integrado por el PSC, ERC e ICV, que ahora gobiernan en la Generalitat, replicó en su día que la Unión Europea excluía el concurso en el transporte urbano y que, si se optaba por esa vía, no podría concurrir a él la empresa pública municipal Transportes Metropolitanos de Barcelona. El consistorio anunció que, de momento, piensa mantener el recurso judicial que presentó en su día.