El municipalismo y la Generalitat

Una de las características más evidentes que definen al nuevo Gobierno de la Generalitat es su fuerte componente municipalista. Alcaldes, concejales y responsables de distintas políticas locales pueblan desde hace unos días los principales despachos de los departamentos del Ejecutivo catalán. No es que ello sea un elemento de novedad que podamos calificar de absoluto. Si rastreamos en los 23 años de gobierno convergente, veremos que son numerosos los alcaldes y concejales que han llegado a ocupar cargos significativos de gestión en la Generalitat, pero lo cierto es que nunca se había dado tal concentración de ex cargos locales. Y lo más importante: han llegado a esas nuevas responsabilidades personas y trayectorias políticas acostumbradas a defender a capa y espada unas competencias y una manera de hacer desde la proximidad, desde los municipios, ante una Generalitat que siempre había mirado la cuestión con reservas.

Durante muchos, demasiados años, la confrontación partidista en Cataluña ha derivado hacia un binomio absurdo: nacionalismo versus municipalismo. O si se quiere, Gobierno autónomo contra gobierno local. Al ganar la izquierda las elecciones municipales de 1979 y acceder al gobierno en los ayuntamientos más significativos de Cataluña, mientras CiU se hacía con el Gobierno autónomo un año después, y repetirse sistemáticamente esa correlación en las contiendas electorales posteriores, se produjo un reparto más o menos implícito de papeles. Unos hicieron del municipalismo su bandera y los otros vieron en los ayuntamientos a sus rivales. Un dato ilustra la cuestión: entre 1981 y 1996, no hubo ni tan sólo ponencia sobre el tema municipal en los sucesivos congresos que CDC fue realizando.

Esa desigual presencia de los partidos en cada ámbito territorial y en cada institución ha seguido provocando problemas y tensiones, y probablemente los seguirá generando. Para algunos, la coincidencia del tripartito en la Generalitat y en la gran mayoría de los ayuntamientos más poblados del país preocupa por la concentración de poder que supone. Pero, desde mi punto de vista, estamos más bien ante la oportunidad histórica de articular respuestas a los retos más graves que tiene planteados Cataluña, logrando articular las ventajas de la proximidad que ofrece sin duda alguna la actuación de los municipios en muchas de las políticas con la capacidad del Gobierno catalán de procurar la cohesión del país y trabajar por atajar las desigualdades reales y potenciales que todo proceso de descentralización en serio puede provocar.

Ello es cierto en educación, en servicios sociales y en sanidad, por poner los ejemplos más claros, pero tambien debería serlo en vivienda, promoción económica, deporte y juventud, para ilustrar el tema desde otras perspectivas. Las primeras declaraciones de los consejeros Marina Geli y Josep Bargalló apuntan claramente a ello y reconocen la importancia de los gobiernos locales en aspectos muy significativos de las políticas sanitarias y educativas. Y también Carod Rovira y Saura han mencionado al papel esencial de los municipios en el proceso de reforma del estatuto. Pero esperamos que esa convicción se extienda y se mantenga en el tiempo. Y no está claro que ello deba darse forzosamente atendiendo simplemente al ya mencionado talante y tradición municipalista del nuevo Gobierno. No sería la primera vez en nuestra corta historia democrática que tenemos decepciones de ese tenor. Los más viejos recordamos que a los pocos meses de alcanzada la democracia, después de frases del tipo "el pueblo entra en los ayuntamientos" y tras incorporar a numerosos líderes antifranquistas y dirigentes de movimientos sociales o de entidades de la sociedad civil en los gobiernos municipales o en la propia Administración autonómica, la música que llegaba era: "Dejadnos trabajar, que ahora ya no toca participar. La batalla ya está ganada". Y así nos luce el pelo en los aspectos participativos 25 años despues.

También ahora podría pasar que algunos cayeran en la tentación de decirnos: "Dejémonos de municipalismo, que ahora ya gobernamos en la Generalitat". No nos equivoquemos. Los déficit de muchas de las políticas de bienestar que se vienen observando en campos como la educación, la sanidad, los servicios a la persona, la atención a las personas ancianas y la exclusión requerían antes del 16 de noviembre y siguen requiriendo ahora una inyección de proximidad, de vinculación al entorno. Requieren ampliar y reforzar los vínculos con el territorio, con la comunidad. Y ello se hace mejor desde cualquier municipio o desde el ámbito local que sea más adecuado desde el punto de vista del tamaño y de sus recursos que desde las sedes de los departamentos en Via Augusta, Travessera de les Corts o el Port Vell de Barcelona. Y es cierto también que no sólo con descentralización lo arreglaremos todo. El Gobierno catalán debe velar por la solidaridad interterritorial, debe tratar de corregir los desequilibrios y conseguir aumentar la cohesión, y ése es un papel insustituible. No podemos seguir pensando en una relación Generalitat-municipios que sea de suma cero, en la que lo que un lado gana el otro forzosamente lo pierde. Se pueden construir relaciones en las que las instituciones colaboren y salgan ganando todos, y esencialmente aumente la capacidad de servicio a la ciudadanía. Y para ello se requiere confianza institucional, más recursos para los gobiernos locales, reforzar las delegaciones territoriales, experimentando e incentivando los consorcios locales y las delegaciones de servicios. El dilema es hoy cómo negociar y articular respuestas institucionales respetuosas con las identidades locales y comunitarias, pero que permitan mantener niveles adecuados de gobernación, abordando los temas estratégicos que se han ido aplazando o toreando a lo largo de muchos años. Confiemos en que sigamos construyendo Cataluña desde la fuerza de sus gobiernos locales. Nada sería peor que acabar concluyendo que el municipalismo de la izquierda catalana a lo largo de estos años era puro tacticismo.