La reforma verde del Estatuto de autonomía

La reformas constitucionales y estatutarias están justificadas cuando al menos se dan una de estas dos condiciones: O bien, hay nuevas demandas constitucionales; o bien, se ha producido un cambio generacional que hace que ya existan nuevas generaciones, que no sienten el proceso constituyente como propio y plantean nuevas demandas. Habitualmente estas condiciones suelen presentarse juntas, pues los cambios en las demandas constitucionales se dan a largo de periodos de tiempo que implican relevos generacionales.

Estas condiciones están presentes en la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía andaluz. Hay nuevas demandas estatutarias y se ha producido un cambio generacional a lo largo de los mas de 20 años de vigencia de la norma estatutaria andaluza. Las nuevas demandas estatutaria son el producto de cambios sociales tanto en las problemáticas, como en la percepción de las mimas. Desde 1982 se han producido cambios sociales y políticos tan importante como los derivados de la globalización, la construcción europea, la crisis ecológica, la irrupción de una población emigrante hasta ahora desconocida en nuestra tierra, los cambios tecnológicos...

Un ejemplo claro de nuevas demandas estatutarias son los derechos y principios ambientales. La fuerza y la presencia de los problemas ecológicos y de las políticas ambientales en la Andalucía de principio de los ochenta no es comparable con la que tiene a principios del este nuevo siglo en que nos encontramos.

La crisis ecológica es el reto más importante que tiene planteado ante si la humanidad. La perdida de biodiversidad y de geodiversidad, la contaminación, la crisis energética e hídrica, la creciente inseguridad alimentaria en occidente y la persistencia del hambre y de la miseria para la inmensa mayoría de la población mundial son expresiones clara de la gravedad de esta crisis. Pero si algún problema resume las consecuencias del desastre ecológico, y en especial para nuestra comunidad, este es el cambio climático: la mayor amenaza para la vida y la economía andaluza que puede suponer una extremización del clima (con lluvias torrenciales y veranos asfixiantes) con efectos muy dañinos sobre agricultura y turismo.

El actual Estatuto no recoge instrumentos jurídicos y políticos para abordara esta situación. La introducción de derechos y principios como la sostenibilidad, la equidad intergeneracional, precaución, la conservación de la biodiversidad , los derechos de los animales, la creación de figuras como el Defensor del Medio Ambiente responden a estas nuevas demandas. En este sentido, el documento de bases sobre la reforma del Estatuto, presentado recientemente por el presidente de la Junta de Andalucía recoge, en la base séptima, gran parte de estos nuevos derechos y principios ecológicos.

Pero esta reforma ecológica del Estatuto comporta también una orientación hacia lo que se ha denominado la modernización ecológica de Andalucía. La crisis ecológica no es sólo un reto amenazante sino también una oportunidad de iniciar otro modelo de desarrollo esto es la modernización ecológica: la conversión de los problemas en oportunidades. Esto supone hoy apostar por más sostenibilidad (conservar nuestra capital natural y reducir los impactos), por más eficiencia (en la eficiencia reside el desarrollo tecnológico), y, finalmente, por más reflexividad (aumentar la calidad y la cantidad en la toma de decisiones colectivas y en el control del desarrollo económico y tecnológico). La reforma estatutaria debe ser un momento constituyente en el que se abra un debate social sobre estos nuevos derechos y principios ecológicos y sobre su proyección en la política y en la sociedad andaluza.

Los motivos para la reforma del estatuto no se agotan en las nuevas demandas ambientales y sociales. El mismo modelo autonómico vigente está dando continuas señales de agotamiento en mucho aspectos. Desde diversas comunidades autónomas se abren espacios de reflexión sobre la necesidad de cambios estatutarios y constitucionales. La formación de un gobierno de izquierda catalanista implica un nuevo horizonte de cambios y expectativas no sólo para Cataluña sino para toda España. Por otro lado, la Constitución política de Europa comporta, también, un nuevo escenario político hasta ahora poco contemplado en el panorama autonómico español.

Andalucía debe participar en primera posición de estos cambios, y en alianza con los gobiernos progresistas de otras comunidades, como Cataluña, dirigir un proceso de cambio hacía un modelo de federalismo cooperativo que implique también el reforzamiento de los mecanismos de participación y codecisión de las comunidades autónomas en Europa. Frente a la España imposible (al menos en democracia) uniforme y neocentralista del PP, la izquierda solo puede proponer la España (democráticamente) posible que es y debe ser plural, federal, europea y europeísta.

Manuel González de Molina es secretario de programa de Los Verdes de Andalucía y Francisco Garrido Peña es portavoz de Los Verdes de Andalucía.