Cambio de tendencia

El balance provisional de víctimas mortales en accidentes de tráfico durante el periodo navideño -190 fallecidos a media tarde de ayer- parece confirmar un cambio de tendencia desde hace algún tiempo en la estadística sobre siniestralidad en la carretera. El constante y moderado descenso de los últimos años ha dado paso a un estancamiento que, de no corregirse a tiempo, puede llevar de nuevo a España a un gradual distanciamiento respecto de los países de su entorno. Mientras que Francia e Italia -dos países que han sufrido como pocos el flagelo de los accidentes de tráfico- han logrado reducir nada menos que en un 23% y un 30%, respectivamente, el número de muertes en la carretera durante el último año, España lo ha concluido con 4.032 fallecidos, seis más que en 2002.

Lo más preocupante de ese leve aumento, en sí mismo insignificante, es que rompe una tendencia a la baja que los datos de siniestralidad en estas navidades y en el último puente de la Constitución mantienen. Es alarmante que el total de víctimas mortales durante la operación especial de Navidad se aproxime al del año pasado. Y que esta sangría se haya producido en plena vigencia del nuevo reglamento de circulación prueba que la norma por sí sola no basta si se incumple sistemáticamente o no se hace cumplir y la impunidad se convierte en el clima dominante en el asfalto.

El dato terrible de que cada dos horas muere un ciudadano en accidente de tráfico en España está calando en la conciencia social y a él responden las medidas previstas en el Plan de Seguridad Vial, que entró en vigor el primer día del año. Pero el hecho de que una buena parte de ellas se haya incluido sin debate alguno en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto del Estado -un método especialmente querido por el Gobierno-, hace presumir que se ha actuado con prisas y sin valorar bien su efectividad.

Es el caso de la polémica retirada del carné de conducir por agentes de tráfico cuando comprueben que el conductor presenta "síntomas evidentes de haber perdido las condiciones físicas necesarias" para la conducción. La aplicación de una medida tan grave no puede quedar al libre arbitrio de los agentes, sino que debe responder a causas objetivas explicitadas en la norma. Una disciplina vial más rigurosa debe ser compatible con las garantías del Estado de derecho, y en este caso no lo es.