Representantes de la magistratura abogan por celebrar ciertos juicios a menores en su ausencia

Representantes de la magistratura abogan por celebrar juicios a menores en ausencia de los acusados cuando se trate de posibles penas no restrictivas de libertad, para así evitar "que las continuas faltas de asistencia" de los denunciados se conviertan "en una burla" a la Administración de Justicia. Ésta es una de las conclusiones del VI Curso de Especialización en Derecho de Menores celebrado por el Colegio de Abogados de Valencia. Los letrados se oponen a la propuesta porque "conculca" el derecho de los menores "a ser oídos y poder defenderse".

Los jueces reclaman medidas ante la inasistencia reiterada de los acusados

Los letrados rechazan la iniciativa porque conculca los derechos de los menores

En el curso, celebrado el pasado mes de diciembre, participaron alrededor de 200 abogados y una docena de especialistas en asistencia a menores acusados de delinquir, y se abordó la legislación española desde la óptica de los cuerpos de seguridad, los magistrados, letrados, así como de los asistentes sociales y psicólogos encargados de la rehabilitación, según han informado fuentes del colegio.

Varios magistrados presentes en las sesiones plantearon la necesidad de adoptar "algún patrón de actuación que permita que entre el defensor y la acusación se puedan alcanzar acuerdos para que, cuando no se ha podido encontrar a un acusado en varias ocasiones, se pueda celebrar un juicio sin audiencia", explican las mismas fuentes.

No obstante, esta medida no se extendería a todos los casos en los que no fuera posible dar con el menor o éste no se presentara en reiteradas ocasiones. La propuesta lanzada por los especialistas se limitaría a aquellas causas "que no sean restrictivas de libertad". Así, las conclusiones del curso de especialización recogen expresamente que el objetivo de la medida es "evitar que, al no celebrar el juicio, se dé posibilidad al menor para que delinca de nuevo". "No se pueden convertir las continuas faltas de asistencia del menor en una burla a la Administración", señalaron varios magistrados durante el curso. Si es imposible citar a un menor acusado, "algo habrá que hacer con estos casos", justificaron los jueces, que excluyen de esta consideración los asuntos con "medidas privativas de libertad, como los internamientos", resumen desde el colegio de abogados.

La propuesta de estos magistrados encontró la réplica en la Sección de Menores del Colegio de Abogados de Valencia. Así, los letrados expresaron su desacuerdo con la iniciativa, ya que en su opinión la celebración de juicios sin audiencia conculcaría "el derecho de los menores a ser oídos y poder defenderse, así como al derecho a la última palabra", indican fuentes del colegio de abogados.

Aún así, los letrados entienden la postura de los magistrados dados los problemas que se derivan de la suspensión reiterada de juicios por la ausencia de los menores acusados de cometer algún delito o falta.

Otro de los puntos discutidos en el curso de especialización es la introducción de la acusación particular en los procesos de menores, lo que no está previsto en la ley. Afectados por crímenes imputados a menores de 18 años, especialmente en el caso de asesinatos y agresiones sexuales, han reclamado públicamente que se modifique la legislación para poder estar representados en los juicios. La ley sólo permite la acusación pública a través del fiscal de menores, que también representa los intereses de las víctimas, pero éstas no pueden reclamar penas o indemnizaciones con abogado propio.

En este sentido, los magistrados participantes rechazaron una modificación con el argumento de que la medida se aparta del espíritu de la exposición de motivos de la Ley del Menor, que hace hincapié en la "búsqueda del interés del menor y la reeducación", y no de la "venganza" por el delito cometido.

El vicepresidente de la Sección de Menores del Colegio de Abogados, Rafael Iniesta, ha resaltado que las jornadas han permitido completar la formación de los letrados, al tiempo que han servido para intercambiar datos y experiencias sobre lo que ocurre en juzgados y fiscalías, "con el objetivo de buscar soluciones o plantear alternativas a determinadas actuaciones entre los profesionales de esta área".