El STEPV acusa a Educación de favorecer a la enseñanza privada
La planificación escolar mantiene a la red pública "en la provisionalidad"
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) denunció ayer que la propuesta de planificación educativa presentada por la Consejería de Educación para el curso 2004-2005 "mantiene a la red pública en una situación de provisionalidad", y pone en evidencia "la política educativa del Gobierno valenciano, que favorece nuevamente a la enseñanza privada con menoscabo de la pública".
Según el sindicato, el 23% de las escuelas públicas "continúa escolarizando a alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)". Así, un total de 246 colegios de los 1.071 existentes escolarizarán a este alumnado en el curso 2004-2005, "contraviniendo tanto la LOGSE, aprobada hace 14 años, como la LOCE". El STEPV calificó esta situación de "grave" y apuntó que pone en evidencia "una falta de planificación y de voluntad política" por aplicar la LOGSE y potenciar la red pública.
El STEPV aludió a las "consecuencias negativas desde el punto de vista pedagógico, organizativo y laboral" del mantenimiento del primer ciclo de ESO en las escuelas, ya que se impide "la coordinación entre el profesorado del primer ciclo, que trabaja en los colegios, y del segundo ciclo, que lo hace en los institutos", y causa "problemas en la confección de los horarios, la distribución de los espacios y su adaptación a la LOCE".
El sindicato criticó que la planificación educativa prevista tampoco resuelve "los problemas que tiene la educación infantil en los colegios públicos". También apuntó la necesidad de establecer "un plan de choque para garantizar que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en la red pública lo puedan hacer". La propuesta de planificación del consejero Esteban González Pons, en su opinión, "pone en evidencia" que el Gobierno valenciano favorece a la enseñanza privada frente a la pública. El sindicato ha iniciado una campaña entre los consejos escolares para que determinen las necesidades "reales" de la enseñanza pública.
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