El deterioro de la enseñanza pública

Parece que la señora Aguirre da a entender en la entrevista publicada en este cuadernillo el pasado día 28 que la educación no es un tema prioritario y que aumentará la privatización en el sector educativo. Esta afirmación la apoya en premisas inciertas: el descenso del número de alumnos y su repercusión en las dos redes: pública (menos niños por aula); privada-concertada (cierre de colegios) y en que los padres puedan elegir. Estas afirmaciones contradicen las siguientes tendencias:

Para empezar, gracias a la inmigración en el curso 2003-2004 hay 7.954 alumnos más que el curso pasado en la red pública de toda la región, (infantil, primaria, ESO, bachillerato, ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior y programas de garantía social), en su mayor parte en infantil y primaria (8.000), para lo que se han habilitado unidades, pero faltan profesores (de apoyo, de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica). Muchos padres que han solicitado colegios de titularidad pública han visto frustradas sus expectativas (Arganzuela, Centro...).

Año tras año, la propuesta de arreglo escolar y nuevos conciertos demuestra que la red concertada se extiende al tiempo que la escuela pública concentra alumnado en desventaja social y, como consecuencia, pierde alumnado normalizado y unidades. Por ejemplo: la Consejería de Educación proponía para el curso 2003-2004 la supresión en la escuela pública de 45 unidades en infantil (de 3 a 6 años), 94 en primaria, 201 grupos de la ESO, 133 grupos de bachillerato, 10 grupos en ciclos formativos superiores y grado medio. Al tiempo, han concertado más de 460 unidades y grupos adicionales en las mismas enseñanzas en colegios privados.

Las consecuencias de este desaguisado por presión de los conciertos y por falta de definición y planificación de la red se visualizan en Madrid, en distritos como Fuencarral, donde la escuela pública baja en número de alumnos de 5.842 en 2002 a 5.653 (20-2-2003), al tiempo que la concertada pasa de 7.834 a 9.044 alumnos. En Chamberí ocurre algo parecido.

Además, la señora Aguirre oculta a los ciudadanos la urgente necesidad de construcciones escolares de titularidad pública en los nuevos barrios (Sanchinarro, Monte Carmelo y Las Tablas, Vallecas, Carabanchel y Arroyofresno) y además 210 escuelas infantiles (21.000 solicitudes insatisfechas para el tramo de 0 a 3 años), 41 colegios, 20 institutos. Recordar que no se han atendido: 1.000 solicitudes para ciclos formativos de grado medio en Madrid capital; 4.070 solicitudes en primera opción para ciclos formativos superiores, y más de 30.000 solicitudes para enseñanzas de régimen especial han quedado en la cuneta.

La privatización no se limita a la concertación, también se extiende a la contratación de servicios y a la sanidad (obligatoriedad para funcionarios pertenecientes al régimen general de la Seguridad Social, interinos y no docentes a acogerse a una colaboradora que presta servicios sanitarios privados vulnerando el derecho de los trabajadores a elegir entre la Seguridad Social o la Unidad de Prestaciones Asistenciales de Madrid).

Por todo ello, señora presidenta Aguirre, la escuela de titularidad pública madrileña precisa de muchos más recursos, reivindicados año tras año por esta junta de Personal Docente No Universitario, que merecen prioridad por parte del nuevo Gobierno madrileño:

1. Un plan de construcciones escolares urgentes; ajustar la oferta pública a la demanda social en: infantil (0-3), formación profesional; avanzar en la red de enseñanzas de régimen especial y congelar los conciertos.

2. Definir, planificar y ejecutar la red de centros públicos hasta el 2010, de acuerdo con las variaciones anuales del censo. Ni un solo alumno más por encima de la ratio, ni en públicos ni en concertados.

3. Incrementar significativamente las plantillas de profesores para la aplicación de medidas de atención a la diversidad; mantener los programas de diversificación curricular; garantía social e incorporar nuevos perfiles profesionales.

4. Un nuevo decreto de escolarización que garantice el equilibrio entre las redes de los alumnos en desventaja social, al tiempo que la buena acogida, la gratuidad y el seguimiento.

5. Un nuevo acuerdo que blinde a la escuela pública y dignifique a sus trabajadores.