La mujer de Cogul asegura ahora que éste se suicidó

El principal acusado del caso Turismo, Joan Cogul, fallecido el 17 de diciembre en Manila, no sufrió un ataque al corazón como inicialmente aseguró su abogado, sino que se suicidó de un disparo. Así lo afirmó ayer su esposa, Carme Fargas, quien entregó al juez una urna con las cenizas de su esposo para que verifique que son sus restos y varios certificados sobre la muerte. Cogul dirigió el Consorcio de Turismo de Cataluña y afrontaba una peticíón de 12 años de cárcel acusado de favorecer a familiares y a firmas vinculadas a militantes de Unió. Sobre Fargas pesa otra acusación del fiscal por el mismo caso.

"Mi querido esposo (...) murió lejos de casa, destruido física y anímicamente. La mano que puso fín a su vida fue la suya propia. Pero quienes empujaron esa mano estaban aquí, en Cataluña", dice la esposa de Cogul en un comunicado entregado a la prensa. Y añade: "... Quiero romper mi silencio para gritar contra ellos, que durante semanas, meses y años no cesaron de agredirlo (...), de imposibilitarle cualquier intento de vivir normalmente".

Fuentes del despacho del abogado Pablo Molins, que lleva la defensa de la esposa de Cogul, precisaron ayer que éste se pegó un tiro "en la ducha de su casa en Manila". Hace unos días, sin embargo, el abogado del propio Cogul, Joan Font, aseguró a este diario primero que su cliente había fallecido de un ataque al corazón en la calle y más tarde que había sufrido el infarto en la bañera. Font no pudo ser localizado ayer para que aclarara esta disparidad de versiones.

La muerte de Cogul ha causado controversia y algunas de las acusaciones particulares del caso han puesto en duda su muerte. Xavier Rotllan, que ejerce la acusación particular en este caso, en un escrito al juez llegó a decir que la noticia del fallecimiento "no es más que el producto de la artera manipulación de la realidad, con el insano objetivo de zafarse de la justicia", informa Efe.

La acusación, incrédula

Rotllan, abogado de profesión, afirmó ayer que "en países tercermundistas no resulta difícil simular una muerte". Rotllan justificó sus dudas acerca de la muerte de Cogul aduciendo que éste se encontraba fuera de España en el momento en el que su esposa acreditó su fallecimiento y no había entregado el pasaporte en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona como éste le había solicitado.

Xavier Rotllan recordó que hace unos días presentó un escrito ante el juez del caso, Francisco González Maíllo, en el que le pedía que se encargara de poner los medios para poder verificar in situ, es decir, en Manila, la capital de Filipinas, la muerte del ex director del Consorcio de Turismo. "Por ejemplo, se podía haber comprobado a través de un médico de la Embajada española, que hubiera podido recoger muestras del cadáver y enviarlas a analizar al Instituto Anatómico Forense".

Ahora el juzgado se ha encontrado con los restos de Cogul en una urna y deberá intentar averiguar si son los del ex director del Consorcio de Turismo. Dos letrados consultados dijeron ayer que resulta muy difícil averiguar la identidad de una persona a partir de sus ceñizas, "salvo que queden algunos restos de huesos o de dientes".

Frente al escepticimo de la acusación particular por el suicidio de Cogul anunciado por su esposa, fuentes de la defensa de Carme Fargas dijeron estar sorprendidas de que se dude de la muerte. "Hemos aportado al juzgado tres documentos en este sentido: la autopsia de un médico que acredita el fallecimiento, un certificado de la Embajada de España en Manila y una certificación de defunción del Registro Civil de Manila".

El caso Turismo estalló hace cuatro años al conocerse que se encargaron informes a varias empresas vinculadas a familiares de Cogul, para quien el fiscal pide 12 años de prisión. Cogul estaba acusado en el sumario de malversación de fondos públicos, ya que se considera que algunos de los estudios tuvieron escasa o nula utilidad. También se le acusaba de prevaricación, estafa y falsedad, entre otros delitos. Su esposa, Carme Fargas, propietaria de una academia que recibió subvenciones, afronta una petición fiscal de nueve años de prisión.

El Consorcio de Turismo también encargó informes a militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Entre estas empresas se econtraban Pasanger, Global Business y Socesca. Y entre los beneficiarios de los informes figuraban Víctor Lorenzo Acuña, Eugenio Guijarro y Santiago Vallvé.