Los zapatistas se estancan en Chiapas

El 1 de enero de 1994, el mismo día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió en varias localidades del sureño Estado de Chiapas, reclamando justicia. Allí sigue. El

subcomandante Marcos, con el pasamontañas; los pobres, en la pobreza; y los municipios autónomos zapatistas, ejerciendo una autonomía tolerada por la Administración federal.

El EZLN, creado en 1983 como una célula de seis hombres, pide otra ley de autonomía indígena, creó las Juntas del Buen Gobierno y quiere el poder ejecutivo en sus zonas de influencia.

¿Qué hará cuando los indígenas pidan más médicos y hospitales, carreteras o comercializadores de sus productos?, se preguntan algunos analistas. "El EZLN sale a la luz pública [el 1 de enero de 1994] con más de 4.500 combatientes en la primera línea de fuego, la así llamada vigésima primera división de infantería zapatista, y unos 2.000 combatientes que permanecían en la reserva", afirmó Marcos en una reciente declaración. La singular guerrilla apenas cuenta con varios cientos de hombres pobremente armados, según cálculos oficiales, no dispara un tiro desde el 12 de enero de hace 10 años y festeja su "declaración de guerra" contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994) proclamando que los derechos de los indígenas, más de diez millones de los 104 millones de habitantes de México, no han sido atendidos.

Lo peor es la pobreza y el alcoholismo, que castigan sobre todo a las mujeres

El Ejército pudo haber sofocado la sublevación, pero a un coste político que nadie quiso asumir. El levantamiento instaló la causa del México misérrimo, discriminado y olvidado, el indígena, pero la agenda del encapuchado hoy no trasciende los límites de la selva Lacandona y las reverberaciones mediáticas de sus comunicados contra el sistema o las actuaciones antiterroristas del juez Baltasar Garzón en el País Vasco. Las preocupaciones materiales de la mayoría de sus compatriotas, trabajo, vivienda, educación o seguridad, o los bajos precios del café sufridos por 250.000 cultivadores chiapanecos no hallan solución en las proclamas, pero son bálsamo y acicate para quienes sostienen que algún día serán una realidad.

El conflicto, que fue prioridad durante el arranque de la presidencia de Vicente Fox, el 1 de diciembre del año 2000, duerme ahora el sueño de los justos desde que el Congreso mexicano aprobara, el 28 de abril del año 2001, la ley de autonomía indígena, que enmendó cinco artículos de la Constitución. Fue avalada por los congresos locales de 17 de los 31 Estados de México y rechazada por nueve que concentran a la mitad de los 10 millones de indígenas, repartidos en 52 etnias. Los legisladores rebajaron el contenido de los Acuerdos de San Andrés de 1996 porque algunos capítulos eran de imposible aplicación, dijeron, y otros alentarían el independentismo, causarían caos de jurisdicción, agravios comparativos o enfrentamientos por las tierras y riquezas naturales. Chiapas tiene cuatro millones de habitantes y ricos yacimientos petroleros y minerales.

El debate parlamentario de aquel año fue precedido por el zapatour de febrero y marzo por diferentes Estados, con Marcos al frente, que concluyó con una concentración en el Zócalo de la capital y la intervención en el Congreso de varios jefes alzados. Tratando de acabar con el conflicto, la presidencia de Fox había cumplido antes con sus exigencias: liberó presos, retiró al Ejército de los puestos de avanzada y trasladó al Congreso el derrotado proyecto de la ley derivado de los Acuerdos de San Andrés. No fue suficiente. La ley irritó al EZLN y a las organizaciones indigenistas de México, que la impugnaron ante la justicia.

La comandancia de los rebeldes de Lacandona reitera que "el mal gobierno no ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas durante más de quinientos años", desde la llegada de los españoles, y mientras no lo haga no habrá una paz duradera. Durante las semanas previas a la efeméride del 1 de enero, en concentraciones y debates, ésa fue la tesis central. "No han podido con nosotros", subrayan los portavoces zapatistas. A los 11 días de los choques a balazos de 1994 entre las tropas federales y el movimiento insurrecto, con un saldo de varios muertos, Salinas de Gortari decretó un alto al fuego y comenzó una negociación que se prolongó años, con diferentes formatos e interlocutores, sin lograr un acuerdo nacional, ni el desarme de los rebeldes.

El comisionado de paz del Gobierno, Luis Álvarez, atribuye al EZLN "resistencia a negociar" porque, señala, "ya no tienen argumentos que presentar". La guerrilla arguye que los acuerdos de San Andrés, suscritos con el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), han sido incumplidos y no hay más que hablar.

Marcos y su gente habían fundado primero los municipios "rebeldes" y después los "autónomos", regidos por los ancestrales y controvertidos usos y costumbres de los indígenas. En agosto pasado establecieron las Juntas del Buen Gobierno de estos 30 municipios (Chiapas tiene 118) y cinco centros de coordinación de los municipios llamados "Caracoles".

Esas localidades desarrollan, por libre y según su entendimiento, la libre determinación y peculiaridades en la elección de autoridades establecidas en los acuerdos de San Andrés. Los municipios autónomos tienen un alcalde, un secretario y titulares de justicia, agricultura, salud, trabajo y educación, y un registro civil que registra los matrimonios, nacimientos y defunciones. Controlan el tránsito por sus jurisdicciones y algunos reciben la asesoría de los consejos de ancianos. Su presupuesto procede de las contribuciones o impuestos y de la solidaridad nacional o internacional. "El mal gobierno no nos hace caso. Que se quede con sus pendejadas. Ya sabemos funcionar nuestros municipios", dijo la comandanta Rosalinda.

En un principio, el Gobierno anterior acusó a sus promotores de romper el Estado de derecho y quiso reventarlos, ocupándolos y expulsando a los simpatizantes extranjeros, pero ante la imposibilidad de erradicarlos optó por permitir su funcionamiento. La alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán, presidenta de la Asociación de Municipios de México, aplaude las Juntas de Buen Gobierno si se constituyen en foros de discusión de derechos y obligaciones y no en plataformas que dividan y estimulen las micropoblaciones. El dinero del desarrollo llega más rápidamente, dijo, a las poblaciones grandes.

Los brotes de violencia política en las comunidades indígenas han sido frecuentes estos 10 años; también el desplazamiento de miles y los choques entre mafias de caciques de diferentes etnias y credos.

Pero el problema de fondo es la pobreza y el atraso, incluido el alcoholismo, que castigan especialmente a las mujeres, sojuzgadas en las aldeas de Chiapas y de todo México.