El escándalo de Parmalat crece tras la presunta huida de Italia de su fundador

El escándalo del grupo alimentario italiano Parmalat subió otro peldaño al trascender que el fundador del grupo, Calixto Tanzi, y su hijo Stefano no acudieron a declarar ante el Tribunal de Parma en el que habían sido citados. En medio de acusaciones de falsificación, especulación, estafa y presuntas huidas del país, Stefano Tanzi confirmó desde Milán que "Papá [Calixto] no está en Parma". Las fiscalías de Milán y de Parma han decidido unir esfuerzos en la investigación, mientras empleados de Parmalat aseguran haber sido presionados para destruir pruebas.

El fundador y ex presidente de la Parmalat, Calixto Tanzi y su hijo Stefano, no se presentaron el miércoles a declarar ante el Tribunal de Parma donde estaban citados, lo que desató los rumores sobre la presunta huida de ambos del país. Uno de los abogados de la familia, propietaria del 51% de las acciones de la multinacional italiana, llegó a informar desde España a los magistrados italianos que ambos habrían salido al exterior, precisando que "no estaban huyendo" pero que necesitaban un "breve periodo de descanso, debido a la excesiva presión de la opinión pública y de la prensa".

Mientras algunas personas en Parma aseguraban haber visto a Calixto Tanzi por la ciudad, su hijo Stefano precisó que él sí se encontraba en Milán, aunque admitió que "Papá [Calixto Tanzi] no está en Parma, aunque no tengo contactos con él desde hace tiempo".

Reconstrucción

Las declaraciones de los Tanzi son fundamentales para detectar las irregularidades contables que han provocado la quiebra del grupo. Los contornos del caso ya están claros, si bien es difícil reconstruir los pormenores porque gran parte de la documentación comprometedora ha sido, al parecer, destruida. Uno de los empleados de Parmalat ha llegado a declarar que se negó a romper un ordenador a golpes de martillo, como le había sido ordenado por un superior.

La Fiscalía de Milán, donde se inició la investigación, ha decidido unificar las investigaciones con la de Parma y fijar la sede del caso en el distrito en el que la multinacional italiana tiene su sede, o sea en el distrito de Collechio a pocos kilómetros de Parma. El fiscal Francesco Greco de Milán ha indicado que entre los presuntos delitos figuran el del falsificación contable, especulación abusiva y estafa.

Todo apunta a Calixto Tanzi. Fausto Tonna, considerado el cerebro del grupo Parmalat y que está colaborando con las investigaciones que afectan a una veintena de directivos, ha asumido parcialmente sus responsabilidades en las irregularidades y ha asegurado que actuó para "intentar salvar al grupo, bajo indicación de Tanzi". Ante la ausencia de los investigados, la Fiscalía ordenó registrar la casa de Tanzi en Colecchi, para buscar pruebas que puedan corroborar las declaraciones de Tonna, y del ex miembro del consejo de administración de la firma, Luciano Silingardi.

Parmalat, entretanto, presentó en el Tribunal de quiebras la petición de adhesión al decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado martes para evitar el desplome total del grupo. Enrico Bondi, quien asumió el cargo dejado por el ex director del grupo (Fausto Tonna) y que fue confirmado como administrador de Parmalat antes de los últimos acontecimientos, fue nombrado comisario extraordinario con funciones de comisario judicial.

60 días para un informe

Bondi deberá presentar dentro de 60 días a la magistratura, una relación documental sobre la situación de la empresa. El tribunal deberá analizar el informe y emitir sentencia sobre el estado de insolvencia del grupo, cuyo agujero patrimonial se estima en 10.000 millones de euros. Bondi deberá presentar también al Ministerio de Industria un plan de reestructuración. Si el programa no es aceptado, Bondi podrá solicitar la quiebra formal del grupo.

La falsificación contable, una de las acusaciones que penden sobre los administradores de Parmalat, sufrió cambios penales tras la nueva "Disciplina de los ilícitos penales" que aprobó el Gobierno Berlusconi y que está en vigor desde abril del 2002.

Según las nuevas normas, la pena de arresto, que antes era de cinco años, ahora oscila entre tres y cuatro si los daños son en sociedades cotizadas en la Bolsa. El delito prescribe ahora a los 10 años. Antes, oscilaba entre siete y 15 años.

La asociación de consumidores Adiconsum ha pedido ya la incautación de los bienes de Tanzi. A partir del 8 de enero, con el comienzo de las actividades institucionales, el Gobierno presentará las nuevas medidas para reforzar los controles a las empresas cotizadas en la Bolsa.