El territorio: ¿Hacia dónde camina el PSOE?

La planificación urbana es una conquista social de los gobiernos progresistas para poner coto a los desmanes que supondría el manejo incontrolado del territorio. Limitar el derecho de propiedad del suelo, repartir equitativamente cargas y beneficios, reservar una parte de las plusvalías generadas para la comunidad, establecer un marco de seguridad jurídica, preservar el patrimonio natural y edificado de la especulación, son algunos de los componentes de esa conquista.

La experiencia ha venido a demostrar que no siempre las cosas suceden de ese modo. Como dice Fernando Gaja, "lo acaecido en la década de los noventa, el auge de las posiciones neoliberales, ha servido para recordar que existe un planeamiento empresarial, presidido y regido por la maximización del beneficio, y que la Administración Pública no siempre actúa de árbitro, ni de garante de los intereses colectivos

En cuanto a las infraestructuras, tratan de satisfacer el interés general y mejorar el capital público: conectando territorios, aumentando la accesibilidad física y la dotación de recursos energéticos o hídricos. En definitiva, tienen por objetivo mejorar la competitividad territorial en las mejores condiciones de igualdad y mínimo impacto.

La autonomía de los planes sectoriales en los últimos años rompe en buena parte la filosofía de la planificación del territorio: esta última es la que, de manera democrática y participativa, marca prioridades y establece el esquema de la estructura del desarrollo del suelo, y no al revés.

Pues bien, desde esta sencilla formulación reformista, no se entiende la pasión de algunos partidos socialdemócratas por promocionar desde el gobierno o la oposición, planes y planes de infraestructuras fuera de escala, creando desequilibrios en lugar de promover la igualdad. El boom hiperdesarrollista del urbanismo de los últimos años, con la complicidad colonizadora de los excesivos planes de carreteras, o las expectativas creadas por el AVE y los trasvases, no han encontrado en el principal partido de la oposición un elemento de moderación y contrapeso, sino todo lo contrario.

Estos dos últimos proyectos, AVE y PHN, la gran apuesta del PP, apenas han merecido ligeras matizaciones de los sectores más sensibles -minoritarios, dicho sea de paso- del PSOE. Se trata de dos megaproyectos insostenibles, por argumentos que se han expuesto reiteradamente.

Los gobernantes tienen la obligación de resolver los problemas (reales, no inventados) con el menor coste económico, social y ambiental posible. Ninguno de los dos grandes proyectos citados, tal como han salido del departamento del señor Cascos, cumple esos requisitos. En cambio, reciben constantes estímulos del PSOE para que el Gobierno acelere sus plazos y los dote de más presupuesto, en vez de denunciar las graves deficiencias técnicas de fondo y plantear sin complejos alternativas más racionales. No hay duda de que éstas existen, con menor coste, mayor eficiencia y plazos más cortos de ejecución. La mayoría de los ciudadanos las entienden cuando se les explica.

Si querían poner en un aprieto al PP, ¿por qué no lo hacen planteando la creación de un sistema de transporte colectivo defendible, con cobertura a todo el territorio, basado en los modos de menor impacto ambiental? ¿Por qué no reconocen de una vez que la LRAU del último gobierno socialista ha puesto en bandeja al PP la herramienta que ha legitimado la oleada de planes urbanísticos que están arrasando el país, y proponen por lo tanto su inmediata modificación? Por el contrario, las posiciones de algunos ayuntamientos gobernados por los socialistas en esta materia son altamente desconcertantes.

Como lo son las declaraciones de destacados dirigentes del mismo partido a propósito de la Copa del América y del impacto que este acontecimiento puede tener sobre Valencia y su entorno. (Por cierto, viendo las fotos del día de la elección, daba la impresión de que, a excepción del Club Náutico de Valencia, todos estaban pensando en cualquier cosa menos en el deporte.)

Pues bien, sin negar la oportunidad que el evento representa, lo preocupante de lo que puede pasar en esta ciudad en los próximos años viene tanto de la actitud del PP y sus poderes fácticos aliados, sin la menor intención de dialogar sobre el asunto -ya conocemos cómo las gastan- como del espaldarazo que puede proporcionar el PSOE a los grandes proyectos. Gobierno y oposición son, en un sistema democrático, dos piezas necesarias de un mismo mecanismo, que marca el devenir de la acción política y del bienestar de los ciudadanos. Independientemente de cuál sea la opción individual de éstos, cabe exigir a cada parte su responsabilidad y su función.

Algunos ejemplos recientes, como las opiniones vertidas por el jefe de la oposición municipal del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, o las enmiendas presentadas por los senadores Lerma y Bru a los presupuestos del Estado no van en la línea de "equilibrar el fomento de la actividad económica con la calidad ambiental, el patrimonio artístico y cultural, la infraestructuras sociales y, en definitiva, la calidad de vida", como dice Rubio. Éste insiste en apoyar "el acceso subterráneo al puerto por el norte, que sirva también de cierre a la ronda por el este y también la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid, por Cuenca, y con la frontera francesa". En un artículo más reciente -ver EL PAIS de 16 de diciembre- se muestra más preocupado por el impacto que va a tener el evento en los negocios y en la economía privada o por la opinión de los visitantes, que en la mejora de la ciudad de todos.

En un artículo anterior, Rubio propone integrar los poblados marítimos y actuaciones para cohesionar los barrios y la ciudad además de "esforzarse en conseguir la excelencia en la prestación de servicios de toda índole, desde las urgencias hospitalarias hasta la protección de las libertades y la seguridad ciudadana, pasando por la puntualidad, frecuencia y capacidad del transporte público o cualquier tipo de asistencia y suministro". Pero estas declaraciones genéricas, que cualquiera puede suscribir, no se traducen en acciones concretas ni en modificaciones presupuestarias. Entre los barrios que necesitan cohesión, ninguno como el maltrecho Centro Histórico. ¿O es que piensan taparlo para que no lo vean los visitantes, como proponía hace unos días un vecino de El Carmen?...

Quizás por la mala conciencia en la complicidad de su partido con los efectos de las ampliaciones del Puerto, Rubio sugiere que "Nazaret y la Punta requieren una generosa reparación por la calidad de vida que perdieron". Nada dice del Cabanyal, cuya preocupación vecinal ha despachado la alcaldesa hace unos días con un insolente desdén. ¿Es que el PSOE local piensa mirar hacia otro lado si el ayuntamiento decide ir por el camino de en medio, nunca peor dicho?...

Nada me gustaría tanto como equivocarme en estos malos pensamientos, y creer que, con Copa o sin Copa, esta ciudad consigue lo que se merece: un buen proyecto, un buen gobierno, una buena oposición, unos ciudadanos exigentes. Poco me importaría, en este aspecto, qué grupo político se apunte el éxito.

Joan Olmos es ingeniero de caminos