El Constitucional investigará la actuación del Parlamento gallego

El Tribunal Constitucional investigará si el Parlamento gallego vulneró derechos consagrados por la Carta Magna cuando decidió, con los únicos votos del PP, disolver la comisión que se había creado en la Cámara para investigar la gestión del desastre del Prestige. El alto tribunal ha comunicado a las partes la admisión a trámite de los recursos de amparo que habían presentado los dos partidos de la oposición gallega, PSdeG-PSOE y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Socialistas y nacionalistas alegaban en sus recursos que el PP infringió la ley al decidir unilateralmente disolver la comisión. Ambas fuerzas argumentan que no se cumplían ninguno de los dos requisitos previstos por el reglamento de la Cámara para extinguir un comité investigador, la aprobación de un dictamen final sobre sus trabajos o, en caso de que éste no se alcanzase, la finalización del periodo de sesiones. El Tribunal Constitucional ya ha solicitado al presidente del Parlamento gallego, José María García Leira, que le remita toda la documentación justificativa del acuerdo.

A finales de 2002, en plena convulsión social por el desastre ecológico, el PP gallego, sin consultar con el Gobierno central, accedió a las peticiones de la oposición de crear en el Parlamento autonómico una comisión que debería investigar las causas y consecuencias del siniestro del petrolero. El acuerdo salió adelante por unanimidad e incluso se aprobó un plan de trabajo, en el que figuraban las peticiones de socialistas y nacionalistas para que compareciesen ante la Cámara algunos representantes de la Administración central.

El comité investigador tenía que empezar sus trabajos a principios de enero. Pero el Gobierno central, molesto con la actitud tomada por el PP gallego, prohibió expresamente a cualquiera de sus altos cargos o funcionarios que compareciesen ante la Cámara autonómica. Después de varias semanas de forcejeos, PSdeG y BNG decidieron abandonar indefinidamente la comisión al considerar que, con las limitaciones impuestas, nunca se podrían esclarecer los hechos. Para que la comisión no permaneciese abierta indefinidamente, el PP optó por disolverla empleando su mayoría absoluta.