Arenas vuelve a prometer la participación del Gobierno en el metro de Sevilla

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia, Javier Arenas (PP), anunció ayer que el Estado aportará el 33,3% de la financiación pública prevista para el metro de Sevilla, lo que equivale a unos 43 millones de euros. Esta cifra dista mucho de la reclamada por la Junta, que exige una aportación de 218,9 millones, según la legislación. Las promesas de financiación se han repetido desde que en 1976 se anunciara la construcción del metro en cuatro años.

Arenas, que presidió ayer una reunión con dirigentes del PP sevillano, anunció que "en las próximas horas", la Secretaría de Estado de Presupuestos "se va a dirigir a la Junta para concretar la propuesta de cofinanciación", que consistirá en aportar el 33,3% de la inversión pública fijada por la Junta, que, según Arenas, es de 126 millones de euros. Estas cifras contrastan con las anunciadas en septiembre por la Junta en el arranque de las obras de la primera línea del metro de Sevilla, que se inaugurará el 24 de junio de 2006.

Las obras ya comenzaron sin que el Gobierno concretara su participación. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez (PSOE), insistió entonces en que, "de acuerdo con la legislación", la Administración central tiene que aportar 218,9 millones de euros.

El importe de la adjudicación de la primera línea asciende a 428,5 millones de euros y según la Ley del Metro de Sevilla, de 1975, Madrid debe sufragar el 100% de la infraestructura de su tramo urbano: 176,2 millones de euros. Además, la Junta y los ayuntamientos afectados entienden que el Gobierno tendría también que costear el 33% de las dos ampliaciones metropolitanas (hasta Dos Hermanas y el Aljarafe), como ha hecho en otras comunidades autónomas, lo que supone otros 42,7 millones.

De los 428,5 millones que cuesta el proyecto, la Junta y los ayuntamientos aportarán un 33% durante las obras (126 millones). El resto lo sufraga Guadalmetro, la sociedad concesionaria, con un crédito del Banco Europeo de inversiones y préstamos participativos.

Arenas repitió ayer, como han hecho todos los representantes del Gobierno en los últimos años, que esta participación "va a ser similar a la realizada en los metros de Madrid, Barcelona y Valencia". El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2003 reservó los siguientes fondos para inversiones y financiación de déficits de los metros: Madrid, 189,6 millones de euros; Barcelona, 121,1 millones, y Valencia, 28,9.

Arenas afirmó que la Junta fijó en su día la aportación necesaria del Estado en 20 millones de euros. A esta cifra se agarró el ministro para afirmar: "No se podrá decir que el Gobierno ha puesto menos dinero, porque el que ha decidido esa forma de financiación pública ha sido el presidente de la Junta".

El ministro anunció los primeros desembolsos para 2004, mediante las consiguientes modificaciones presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado. De forma paralela, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) abrirá una línea de créditos a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos para que "puedan soportar su aportación al proyecto".

El Gobierno dijo que espera firmar el convenio en los próximos meses. Sin embargo, el propio Arenas ya había anunciado con anterioridad la firma de un convenio de financiación. En concreto, en este último año, lo vaticinó para antes de verano y lo pospuso luego para otoño. Ahora lo vuelve a anunciar para los "próximos meses".

Esta circunstancia no es nueva y de hecho ha marcado la historia del metro de Sevilla. En 1976, el entonces alcalde de Sevilla, Fernando Parias Merry, firmó un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y anunciaba que el metro empezaría a funcionar en cuatro años. Diez años después, se abandonó el proyecto. Una vez retomado, en 1999, Alejandro Rojas-Marcos, como alcalde de Sevilla, anunció que el Gobierno se había comprometido a aportar un 30%.