La Audiencia Nacional rechaza la petición de 71 etarras para acceder a la semilibertad

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, rechazó ayer, en resoluciones individuales, la petición de 71 reclusos de ETA para progresar al tercer grado penitenciario (semilibertad) y luego acceder a la libertad condicional. El magistrado argumenta que los presos etarras que han solicitado los citados beneficios penitenciarios no cumplen los requisitos legales para obtenerlos puesto que no han satisfecho las indemnizaciones a las víctimas y no han dado signo alguno de haber abandonado los fines y los medios terroristas.

Según los autos notificados ayer a los reclusos implicados y al fiscal, el juez Gómez Bermúdez especifica:

- No constan satisfechas las responsabilidades civiles ni se ha ofrecido compromiso de hacer frente a las mismas.

- No se ha dado signo alguno de hacer abandonado los fines y medios terroristas en ninguna de las formas permitidas por la ley: colaboración activa con la Justicia, declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos.

- Tampoco existe informe alguno que acredite que el preso está desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean o de su colaboración con las autoridades.

- Respecto de la libertad condicional, no cumplen los requisitos del artículo 90 del Código Penal, puesto que no están clasificados en tercer grado, no observan buena conducta y no hay un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

Por todo ello, el magistrado precisa que "no se vislumbra sobre qué base reclama el preso su progresión en grado ni su libertad condicional".

El juez Central de Vigilancia Penitenciaria destaca que "no existe un pretendido derecho a progresar en grado o a obtener la libertad condicional una vez extinguida una determinada parte de la condena impuesta en sentencia", sino que la progresión depende del tratamiento penitenciario y la evolución del delincuente, puesto que, agrega el juez, "las penas se imponen para ser cumplidas". Y de aceptarse las tesis de los presos de ETA, "la pena impuesta en sentencia firme se convertiría no en una pena justa, sino en una especie de pena máxima o límite máximo de cumplimiento por debajo del cual todo es posible cualquiera que sea la evolución del preso, su reeducación (corrección de los factores de la personalidad que le llevaron a delinquir, entre ellos el respeto a los derechos humanos) y sus posibilidades de reinserción (la asunción de los valores de una sociedad democrática)".

Los 71 presos que reclamaron su progresión de grado lo hicieron por medio de un formulario del que, según la resolución, parece deducirse la afirmación de que no se puede aplicar retroactivamente la ley orgánica 7/2003, que modifica las condiciones para obtener la libertad condicional.

Petición simultánea

El juez Gómez Bermúdez asegura que los preceptos de la citada ley no se están aplicando retroactivamente, pues no se trata de reclusos que ya se encontraran en tercer grado o en libertad condicional y se les ha revocado. Pero incluso en el caso de que se estimara que la aplicación tiene carácter retroactivo, "ésta sería legal por cuanto no se trata de normas sancionadoras ni restrictivas de derechos individuales".

La petición simultánea de 71 etarras de progresión de grado anunciada en el diario Gara, en la línea ideológica de respaldo a la izquierda abertzale, se interpretó como un gesto hacia el colectivo de presos y sus familiares y como una campaña de desprestigio de los órganos del Estado. En medios de la Audiencia Nacional se interpretó como una forma de tomarle la medida al juez Central de Vigilancia Penitenciaria que acababa de ser nombrado para resolver los los incidentes en prisión de los presos de la Audiencia Nacional. Ahora, ya saben a qué atenerse.