La fiscalía pide que el diputado canario Dimas Martín ingrese ya en prisión
El edil del PP al que sobornó en Lanzarote le exculpa ahora de la trama de corrupción
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicitó ayer el ingreso "inmediato" en prisión del presidente del Cabildo de Lanzarote y diputado autonómico, Dimas Martín, tras rechazar el Consejo de Ministros hace 40 días el indulto que había solicitado. Martín fue condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas a tres años de cárcel y tres de inhabilitación por cohecho, al igual que el edil sobornado, en una sentencia que confirmó el Tribunal Supremo en 2000.
Martín asegura que no dimitirá de sus cargos para convertirse en lo que denomina un "preso político", mientras que la fiscalía considera que "difícilmente se alcanzarían los ideales de igualdad, proporcionalidad y equidad mediante una nueva concesión [de aplazamiento] de la pena".
En 1995, siendo Martín presidente del Partido de Independientes de Lanzarote
(PIL), Juan Carlos Hernández, de 43 años, entonces concejal del PP, propició con su abstención que Cándido Armas, del PIL, resultara elegido alcalde de Arrecife, pese a que populares y socialistas habían pactado que fuese María Dolores Luzardo (PP). Dos años después, se descubrió que la abstención del edil tenía un precio: 50.000 pesetas al mes sobre su sueldo de concejal y tres millones al año. Mientras el concejal cumplía la pena, Martín recurrió al Supremo, solicitó un indulto, paró su ingreso en prisión, se presentó a las elecciones y fue el más votado de Lanzarote.
El concejal sobornado ha roto su silencio de cuatro años para exculpar ahora a Martín. En declaraciones al semanario Lancelot, Hernández reconoce lo que negó ante los jueces: que cobró por abstenerse en aquella votación. Exime a Martín y apunta a Pedro de Armas, entonces del PIL y ahora en las filas de Coalición Canaria, como la persona que le entregó el dinero y le hizo firmar un documento con la firma de Martín. Los abogados de éste, que será juzgado el 22 de enero por cuatro delitos financieros, presentarán hoy ante el Tribunal Supremo una solicitud de reapertura del caso.
Hernández asegura que el documento que estipula el precio de su traición "se lo quedó Pedro de Armas" y que desconoce "lo que hizo después" con él; que pensó que lo que hizo "era lo mejor para el pueblo", "y siempre con el convencimiento" de que no era delito".
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