Éxito de público

La propuesta de crear una agencia tributaria andaluza ha tenido un gran éxito de público en toda España: no conozco ni un solo periódico que no llevara la noticia en primera página. Sin duda, tanto mimo tiene que ver con una propuesta de nombre similar -pero sólo de nombre- hecha en Cataluña por el tripartito que se prepara para gobernar esa comunidad. Es la única explicación, porque la propuesta de Chaves no va más allá de lo que en su día supuso la creación de las agencias para la promoción del turismo o para la gestión del suelo. Si hay que modificar el Estatuto cada vez que se cree una nueva agencia estamos aviados.

Lo cierto es que el asunto ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones. Algunas, chuscas y alarmistas: hay hasta quienes han visto en tan insustancial iniciativa una especie de conversión de Chaves al batasunismo. Criaturitas. Las bases para la reforma del Estatuto de Andalucía (un documento de veinticinco páginas y letra gordísima que se dio a conocer el martes) son, sobre todo, un catálogo de buenas intenciones o un puñado de promesas electorales.

En el capítulo de organización territorial, por ejemplo, no menciona ni a las comarcas, ni a las mancomunidades, ni a las áreas metropolitanas. Sin embargo, abunda en detalles innecesarios. Hay muchos, pero se puede destacar el papel que le da a las cajas y que personalmente comparto. Pero imaginemos que algún día se decide, pongamos por caso, la privatización de las cajas. Cosas más raras se han visto: recuerden, si no, los contorsionismos del PSOE respecto a la OTAN. Para algo que sólo es una decisión política habría que modificar el Estatuto, lo que implica la aprobación por el Congreso de los Diputados de una ley orgánica, con lo que una disposición que se podría tomar exclusivamente en el ámbito andaluz terminaría en manos de las Cortes. ¿No es un disparate?

Lo más preocupante es lo que el documento propone sobre financiación: el punto de vista se acerca mucho a las insolidarias propuestas del tripartito catalán. Dice el documento que el criterio esencial debe de ser la población, y se queda ahí. La población ya es actualmente el principal criterio, pero se acompaña de medidas correctoras, que no se contemplan en el documento.

Según un informe del Ministerio de Economía, citado estos días, si se contempla sólo el criterio de población, la Comunidad de Madrid ingresaría en torno a un 13% más. Cataluña, sobre un 2%. Nosotros nos quedaríamos, más o menos, como estamos. Pero, eso sí, llevaríamos a la ruina a regiones con mucha dispersión de población -como las dos Castillas- o con peculiaridades geográficas, como las islas.

Increíblemente, el documento recoge la misma petición que figura en el plan de gobierno del tripartito catalán: que se terminen igualando los resultados del régimen común y del foral. Eso es imposible que suceda en un plazo de tiempo razonable: si así fuera, se acabarían los mecanismos de solidaridad que seguirán siendo necesarios aún dentro de muchas décadas. Esta reivindicación me parece impresentable pero lógica cuando la hace Cataluña: no es extraño que los ricos sean insolidarios. Lo que no entiendo es cómo puede pregonar la insolidaridad una región pobre como la nuestra.