Una ONG critica la denegación del indulto a un adicto rehabilitado
La obtención de un indulto se ha convertido en una meta inalcanzable para Emilia Medianero, de 28 años, y su marido, Miguel Ángel Cadalso, dos ex-toxicómanos rehabilitados, con dos hijos de menos de dos años y otro en camino. El Consejo de Ministros rechazó este verano concederle a ella esta medida de gracia y evitar así que, ahora que su vida ha remontado, tuviera que ingresar tres años y seis meses en prisión por un robo con violencia cometido en 1997.
Con el apoyo de la asociación parleña Prevención contra la Marginación (Precomar) Emilia obtuvo al menos el tercer grado con lo que de día podía atender a sus niños que, de noche, cuando ella volvía a prisión, se quedaban con su marido. Pero este frágil equilibrio familiar puede derrumbarse pronto porque a Miguel Ángel también le han denegado el indulto por un robo cometido hace seis años, lo que le obligará a pasar cinco meses entre rejas.
Ramón Domingo Barriga, presidente de Precomar, la ONG que pidió el indulto para este matrimonio, considera "un atropello" la denegación de esta medida de gracia. "De nada sirve que una persona se rehabilite y consiga un trabajo y una vivienda si luego debe de ingresar en prisión que es donde no se rehabilita nadie. Si Miguel Ángel va a la cárcel ¿con quién se quedarán sus hijos? Con la madre en la cárcel y la abuela impedida tras un derrame cerebral, tendrán que vivir en centros de acogida", denuncia, y tacha de "injusticia" que no se ofrezca una oportunidad a esta pareja de ex-toxicómanos.
Barriga considera que lo sucedido a este matrimonio no es un caso aislado, sino que forma parte de la actual política de indultos del PP. "Desde hace dos años el Gobierno concede muy pocas medidas de gracia. El ministerio de Justicia sigue el criterio de denegar los indultos si el fiscal y el tribunal sentenciador se muestran contrarios a darlos y eso es lo que ha sucedido en este caso", explica. "También deberían tenerse en cuenta los informes de las ONG que apoyamos a esas personas", apostilla el presidente de esta entidad que, desde 1993, ha conseguido 36 indultos.
Estudio de 120 casos
En esta misma línea, la Coordinadora de Barrios, otra asociación que apoya a jóvenes desfavorecidos, ha estudiado 120 casos de toxicómanos indultados desde 1989, y cuya trayectoria conoce, y ha comprobado que ninguno ha vuelto a delinquir.
Javier Baeza, miembro de la coordinadora, manifestó en mayo, al presentar el informe, que "desde 2000 el Gobierno ha reducido la concesión de indultos y busca caminos más criminalizadores". El perfil de los 120 jóvenes estudiados era el de un varón de 23 a 30 años, de clase media-baja, con fracaso escolar y escasa cualificación laboral. La mayoría cometió delitos contra la propiedad (robos) o contra la salud pública (venta de droga) y el 84% era reincidente. Seis de cada diez están ahora trabajando.
