El PSOE limitará el mandato del fiscal general a cinco años

El programa electoral sobre Justicia del PSOE plantea una reforma a fondo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que acaba de ser modificado por el Gobierno central lo que ha permitido la sustitución de dos de los fiscales jefes que más investigaciones impulsaron en las que estaban supuestamente implicados miembros del Ejecutivo. Gracias a esa reforma, han sido sustituidos Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción, y Mariano Fernández Bermejo, fiscal jefe de Madrid.

La reforma que plantea el PSOE en su programa electoral establece que el fiscal general del Estado tenga un mandato único de cinco años, no renovable, con causas de cese tasadas y objetivadas. Asimismo, la propuesta socialistas plantea el establecimiento de una comparecencia en el Congreso del candidato a fiscal general previa a su nombramiento y un sistema que permita el adecuado control parlamentario de sus decisiones.

El fiscal general del Estado tendrá incompatibiidad para intervenir o tomar decisiones en relación con materias que afecten al Gobierno que lo ha nombrado. En su lugar actuará el fiscal jefe correspondiente, oída la Junta de Fiscales de sala.

Citaciones de ministros

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha tomado en los últimos años decisiones que han evitado la citación de algunos ministros (Jaume Matas, de Medio Ambiente, hoy presidente balear; y Josep Piqué, de Ciencia y Tecnología, hoy portavoz del PP en el Parlamento catalán) en el Tribunal Supremo por causas relacionadas con diversos tipos de corrupción.

El preámbulo del programa electoral socialista argumenta que el fiscal general, durante el mandato del PP, se ha convertido en "un director general que ha ejecutado las órdenes del Gobierno de eliminar a los fiscales incómodos e intentar destruir a la Fiscalía Anticorrupción".

El PSOE propone también reformar los mecanismos de control y transparencia del Ministerio Fiscal previstos en su actual Estatuto Orgánico, acentuando las competencias de las Juntas de Fiscalía a la hora de designar al fiscal responsable de cada asunto y del cumplimiento de la obligación de informar a la sociedad o de controlar la legalidad de las órdenes recibidas.

El PSOE plantea que si existiese divergencia entre un fiscal y su superior jerárquico sobre la procedencia de investigar o no un hecho, la discrepancia la resolverá la Junta de Fiscales que corresponda a cada nivel territorial.

Los socialistas entienden que "la lucha contra la criminalidad organizada" hace necesario "potenciar fiscalías específicas, en particular la Fiscalía Anticorrupción". Para ello, se comprometen en su programa electoral a tomar tres medidas:

- Consolidar y perfeccionar las actuales competencias de la Fiscalía Anticorrupción.

- Ampliar sus medios materiales.

- Eliminar la autorización previa que la Fiscalía Anticorrupción necesita ahora para investigar, en favor de un régimen objetivo de actuación, no dependiente de plácet alguno por parte del fiscal general.

Algunas de las propuestas incorporadas al programa electoral del PSOE fueron rechazadas por el Gobierno del PP hace algunos meses. El PSOE rompió el Pacto por la Justicia debido, entre otras cosas, a la política impulsada por el Gobierno contra los fiscales incómodos.