Sevilla apuesta por regular por ley la responsabilidad social de la empresa

La definición de la responsabilidad social de la empresa, un concepto que surge como respuesta del sistema para aplacar la explosión de los movimientos anti registrada en la ciudad estadounidense de Seattle en 1999, se ha convertido en un asunto de primera magnitud para la Unión Europea, que tiene previsto establecer su posición oficial al respecto a finales de 2004, según explicó ayer Dominique Bé, miembro de la dirección general de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, en un debate al respecto organizado por la Universidad de Valencia y la Unión General de Trabajadores que tuvo como eje central el carácter voluntario, o no, del ejercicio de la responsabilidad social por parte de las empresas. Jordi Sevilla, responsable de Economía del PSOE, fue tajante al afirmar que se deben regular por ley los deberes sociales de las empresas, una posición que choca con el discurso actual en el seno de la Unión Europea.

Ana Encabo, secretaria autonómica de Empleo de la Generalitat, situó la cuestión a primera hora de la mañana cuando explicó que el "mercado universal" desborda las competencias de cualquier gobierno y, ante tal tesitura, "la empresa asume como responsabilidad los que el derecho no alcanza a regular".

Dominique Bé ofreció un recorrido histórico de la cuestión desde el paternalismo empresarial a mediados del siglo XIX hasta la extensión de la protección social en Europa en torno a 1930 con una posterior vuelta al liberalismo capitalista en 1980 que topó con las protestas contra la globalización a finales del siglo pasado.

Transparencia

El funcionario de la Comisión Europea aludió a una nueva fórmula de contrato social en favor de un mundo sostenible en el que "la empresa es el conjunto de la sociedad" y sugirió que "la transparencia" de las empresas es la única garantía de su ejercicio responsable, tanto hacia sus empleados como hacia los propietarios o clientes.

Rafael Recuenco, secretario general de UGT-PV, apostó por extender una nueva cultura del empleo en favor de trabajos duraderos y accesible a todos los ciudadanos como primera exigencia de cualquier empresa responsable.

Pero el socialista Jordi Sevilla insistió en la necesidad de regular legalmente el ejercicio de hábitos responsables porque las grandes empresas multinacionales son capaces de diluir la cadena jerárquica en organizaciones completamente "despersonalizadas" y, en ausencia de leyes, es imposible exigir que asuman compromisos solventes en aras del desarrollo sostenible

Sevilla sugirió, además, que la mejor fórmula para extender entre los ciudadanos la importancia del concepto de responsabilidad social de la empresa y facilitar su contribución al debate que impulsa la Unión Europea pasa por impulsar la necesidad de legislar al respecto.