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Los alcaldes rechazan ser los causantes del encarecimiento del suelo y piden financiación

La FAMP renueva por consenso la dirección y designa presidente al socialista Jiménez Barrios

La sexta asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se inició ayer en Málaga desde el convencimiento de que 25 años después de la aprobación de la Constitución los ayuntamientos siguen siendo los parientes pobres de la Administración pública. En momentos de polémica por el encarecimiento del suelo y los reproches hacia los entes locales por utilizarlo para llenar las arcas municipales, la FAMP, que elegió por consenso su nueva dirección, abogó por que la "presión económica" que sufren no ahogue su capacidad para transformar las ciudades y los pueblos de Andalucía.

La asamblea se inició con la elección consensuada del órgano de dirección, y designó al socialista Manuel Jiménez Barrios, alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), como nuevo presidente. El PSOE tendrá además dos vicepresidencias, y una PP, IU, y PA.

Lograr, tras un cuarto de siglo de democracia local, un marco de financiación estable, sea o no bajo el paraguas del denominado Pacto Local Andaluz, es un objetivo prioritario para los ayuntamientos. Lamentan que apenas gestionen el 14% del gasto público en España, cuando este porcentaje alcanza ya el 30% para las comunidades autónomas. Y advierten de que a la largo de estos años "han tenido que asumir nuevos competencias, sin recibir los medios para mantenerlas adecuadamente".

Según la ponencia marco de esta asamblea, estos denominados gastos de suplencia supone para algunos consistorios casi un 20% de sus presupuestos y se han visto agravados por un problema nuevo: asumir la atención de un importante contingente de población inmigrante, que nunca se tiene en cuenta en los cálculos para estimar las trasferencias de créditos a cada corporación.

La FAMP, que ya reclamó en la cuarta asamblea, en 1995, un pacto local, pidió a la Junta avanzar en la vía de la descentralización de servicios y la transferencia efectiva de recursos materiales, humanos y financieros a los ayuntamientos. A la vez que exigió a la Administración central un nuevo marco financiero que garantice "la suficiencia y la estabilidad" para gestionar estas competencias, muchas de ellas prestadas ya mediante acuerdos y convenios.

Supresión del IAE

Los alcaldes consideran que la autonomía financiera se ha visto mermada porque los ingresos para suplir la desaparición del IAE provienen de transferencias, limitando el nivel de responsabilidad fiscal de los entes locales y las posibilidades de utilizarlo como un instrumento para ofrecer incentivos al empleo y a la inversión.

Los consistorios, según la ponencia aprobada, piden una Ley de Financiación de las Corporaciones locales en Andalucía y un nuevo marco jurídico, al considerar que ya está obsoleta la actual Ley de Bases de Régimen Local.

Junto a la financiación, fue el urbanismo otro de los grandes problemas abordados en esta asamblea general. Los ayuntamientos andaluces rechazan ser los culpables del encarecimiento del suelo o la vivienda, uno de los principales conflictos que afecta actualmente a la sociedad: el acceso a una casa digna. Por ello, dicen rechazar que la financiación municipal deba estar ligada a las operaciones de venta de suelo, al considerar que este mecanismo "hipotecaría el modelo de ciudad que se quiera construir". El coordinador de la ponencia, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Souvirón (PSOE), explicó que los ayuntamientos apenas son propietarios de un 10% de los suelos urbanizables, margen que no les permite ser determinantes en el mercado inmobiliario.

En esta línea, advierten de que la presión económica que sufren las corporaciones sobre el suelo del que disponen no debe ahogar la capacidad que deben tener para transformar sus ciudades. Y por ello además reclaman, frente a políticas más intervencionistas, "una capacidad real para ordenar su propio territorio". Además alertan de que el cambio más cualitativo debe ir encaminado hacia la plena integración del mundo rural, especialmente en la nueva sociedad de la información y el conocimiento.

Esta sexta asamblea, que se clausura hoy y a la que asisten unos 300 alcaldes andaluces, se inició con un consenso previo para la elección como presidente de Manuel Jiménez Barrios. Hoy está previsto que se refrende el órgano de gobierno, en la que el PP repite con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como vicepresidente primero. Hay hasta cinco vicepresidencias, la segunda y la quinta también para el PSOE; la tercera para IU y la cuarta para el PA. Jiménez Barrios indicó: "Somos una asociación libre y voluntaria entre municipios para la defensa del municipalismo, pero el hecho de contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas es importante para el mandato".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de diciembre de 2003