El Ayuntamiento elige a Arturo Moya para "impulsar" el nuevo PGOU de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, hizo público ayer el nombramiento del empresario Arturo Moya como delegado general para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una designación que, aseguró, tiene por objeto "conseguir mayor eficacia y credibilidad" en la redacción del documento. Moya, que desempeñó varios cargos durante el Gobierno de Adolfo Suárez siempre dentro del área económica, entre ellos la secretaría de Estado, reconoció su total falta de experiencia en la elaboración de planes urbanísticos, aunque aseguró que su "misión" será "facilitar, articular e impulsar" la puesta en marcha del texto de acuerdo a la legalidad vigente y no su redacción.

"Vengo con las manos limpias, la conciencia abierta y el deseo de sumar", dijo Arturo Moya durante su presentación como nuevo delegado para el PGOU, un cargo que definió como "un gran reto profesional, intelectual y político" y para el que de momento cuenta con el apoyo de los empresarios y promotores de Marbella. Sus primeras actuaciones, previstas para el primer trimestre del año próximo, se dirigirán a la creación de una oficina del Plan General y a la convocatoria de un concurso público abierto, "con luz y taquígrafos", para elegir al equipo redactor del nuevo planeamiento urbanístico. También propuso la participación de empresarios y colectivos sociales a través de comisiones de trabajo.

Moya, que se encargará de la gestión y dirección del todo el proceso, adelantó que se podría presentar un avance del PGOU en un plazo no superior a los siete meses. "Esto tiene que ser un trabajo intensísimo y a cortísimo plazo, dentro de las normas y el rigor que exige un plan serio", señaló Moya, que confía en concluir todo el documento en año y medio para presentarlo después a la Junta.

Sin embargo, no tiene por delante una tarea fácil. Moya, que pretende ejercer un papel de mediador entre el gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Marbella, tendrá que lidiar contra los últimos 12 años de gobierno del grupo GIL, periodo en el que se han firmado 850 convenios urbanísticos contrarios al PGOU de 1986, el único que reconoce la Junta, y se han edificado al margen de la legalidad más de 32.000 viviendas.

A esto hay que sumar que varios de los actuales concejales del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa, están imputados en distintos procedimientos penales, la mayoría por delitos urbanísticos.

"Soy consciente de la realidad", dijo Moya, que consideró de "sentido común" la propuesta del gobierno de Yagüe de aplicar un "plan puente" en tanto se aprueba el nuevo PGOU, una medida sobre la que la Consejería de Obras Públicas ha expresado un rechazo frontal en varias ocasiones.

"Debajo de la legalidad existen numerosos ciudadanos que compraron sus viviendas de buena fe", recordó el ex secretario de Estado con UCD, que abogó por regularizar esta situación que afecta a miles de viviendas. En una reciente sentencia, el TSJA ha declarado ilegales 465 casas por no ajustarse al PGOU vigente, un fallo que puede repetirse y que deja en manos de la Junta la opción de ordenar el derribo de las viviendas.

Moya tendió la mano a los partidos de la oposición (el gobierno marbellí está formado por ex ediles del GIL, del PSOE y del PA) para que participen en la confección del Plan General de Ordenación Urbana. "Desearía que el plan fuera el gran documento por el cual Marbella pase a ser una de las grandes capitales de Europa, referente por su universidad, palacio de congresos e instituciones de prestigio", explicó Moya.

Frialdad de la Junta

En una declaración escrita, el ex secretario de Estado recalca que el diseño de la ciudad se hará de acuerdo "con las normas jurídicas vigentes y de la Junta de Andalucía". Habrá que esperar para comprobar si ese compromiso se cumple. Por lo pronto, el gobierno de Marisol Yagüe no ha aclarado todavía si impugnará en el TSJA el rechazo de la Junta al recurso de alzada contra la última resolución de la comisión provincial de Urbanismo, que el pasado 21 de julio rechazó por tercera vez el Plan General de Ordenación Urbana de 1998; un texto iniciado por Jesús Gil tras llegar a la alcaldía y que preveía la recalificación de 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal.

La Junta recibió con frialdad el nombramiento de Moya. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, rechazó cualquier "figura de mediación" y advirtió que el urbanismo en Marbella seguirá basándose en "una interlocución política directa" de su departamento con el Consistorio y los empresarios.