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El Taibilla aprueba por dos votos subir el precio del agua un 23,03%

Elche y Crevillent encabezaron la oposición al incremento de tarifa

La propuesta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de incrementar en un 23,03% el precio del agua en 2004 a los 76 municipios de Alicante y Murcia que la conforman, fue aprobada ayer por dos votos de diferencia. El "sí" al incremento, respaldado por Murcia y Cartagena, logró 14 votos. El "no," liderado por Crevillent y Elche, obtuvo 12 votos. Otros nueve municipios se abstuvieron.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene vía libre para incrementar en un 23,03% el precio del agua a los municipios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de Alicante y Murcia el próximo año. Aunque la votación de ayer sólo tenía efectos consultivos denota una división sin precedentes en este apéndice ministerial que hasta ahora hacían bandera del consenso de sus decisiones.

La brecha está abierta. La edil socialista de Elche, María Teresa Sempere, manifestó ante la asamblea que "aunque la escasez de agua sea una realidad el incremento del precio no va a ser la solución", y propuso una reunión con los ministerios competentes y los órganos de decisión para acometer una serie de propuestas efectivas en el ahorro de agua.

Sempere criticó la política de Medio Ambiente de incrementar precios y su falta de inversiones para el aprovechamiento máximo de cada gota de agua. La edil calificó que la solución no pasa sólo por la futura construcción de desaladoras -argumento ministerial para justificar la subida-, sino que "es necesario un consenso donde intervenga la Federación de Municipios y veamos qué podemos hacer mientras pasan los años y se construyen las desaladoras previstas".

"Nuestro voto, como hemos defendido desde Elche y desde Lorca (Murcia), no ha sido un voto en contra sin argumentos; hemos propuesto a Medio Ambiente una reunión al máximo nivel, con propuestas efectivas. Si después es necesario establecer subidas en los precios como medida de ahorro, se apoyará". La postura de la dirección de la Mancomunidad, que defendió el incremento del 23,03% después de ocho años sin subida de precios, no convenció a una docena de representantes municipales ni a otros nueve que optaron por la abstención. "Nadie puede hacer frente a una subida tan importante, y menos muchas de las familias que viven en nuestros municipios. Si fuera necesario, habría que escalonar ese incremento", propuso la concejal. Desde su punto de vista, el resultado de la votación refleja una situación de disconformidad con la actual política del Gobierno del PP, incluso en el seno de su mismo partido, ya que localidades como Crevillent o Redován, gobernadas por los populares también se opusieron.

El alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, señaló que "la subida nace con una profunda división y sin una amplia mayoría. Se trata de una victoria pírrica como lo demuestra que 21 municipios no la han apoyado". Asencio, vicepresidente de la Diputación Provincial, calificó la subida de "injusta", y defendió el establecimiento de unos cánones en función del consumo del agua y de las inversiones en ahorro.

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El alcalde de Crevillent insistió ayer en que acudirá a los tribunales si se autoriza este incremento en el precio. "Esta decisión puede vulnerar los principios de solidaridad y justicia en el pago", argumentó.

El agua divide al PP

Redován y Crevillent son algunos de los municipios gobernados por PP que se oponen a la postura oficial de Ministerio de Medio Ambiente de incrementar el precio del agua. El alcalde de Crevillent está dispuesto a llevar al Ministerio a los juzgados para evitarlo, y ha solicitado un informe jurídico a la Universidad de Alicante para presentar el pleito.

Al respecto, la diputada autonómica socialista Carmen Sánchez Brufal indicó que "el argumento de Asencio de que pague el que más gasta lo podrían utilizar otras comunidades contra la nuestra. Sus palabras no benefician a la Comunidad Valenciana", indicó. Esta situación desmonta algunas "mentiras del PP", afirmó Sánchez en referencia al incremento de los impuestos y del coste que pagarán los ciudadanos por las nuevas infraestructuras.

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