Pacto urbanístico

La designación de Valencia como sede de la Copa del América se ha presentado como una varita mágica que reportará inestimables beneficios para la ciudad y que abre cuantiosas oportunidades de negocio. Sin embargo, pasadas las naturales euforias iniciales, convendría abordar el evento más allá de las exageraciones propagandísticas. El acontecimiento abre, indudablemente, oportunidades públicas y privadas y la primera de ellas es estrictamente política, la propia forma de abordar el acontecimiento.

La oportunidad inicial que ofrece la organización de la famosa regata es la de llegar a un gran pacto ciudadano sobre las grandes cuestiones urbanísticas que Valencia tiene pendientes y que se acelerarán en los próximos cuatro años, si se cumplen las promesas inversoras. Cuando Rita Barberá presentó la moción de apoyo a la candidatura de Valencia, contó con el apoyo del grupo socialista municipal. La alcaldesa quedó entonces comprometida a integrar a la oposición en el consorcio que gestionará el proyecto. Sin embargo, en contra de ese compromiso integrador se ha producido ya la exclusión de Esquerra Unida, que manifestó sus dudas sobre el proyecto. Pero además de integrar a todos los partidos políticos, en el gran pacto urbanístico, junto a la patronal y los sindicatos, deberían participar activamente los grupos sociales y colectivos ciudadanos.

En estos días de celebraciones constitucionales no está demás recordar la actitud de búsqueda del consenso que posibilitó el pacto constitucional. En sentido contrario, que la prolongación de Blasco Ibáñez esté paralizada por un tribunal de justicia y pendiente de sentencia, significa un clamoroso fallo de la política. En este asunto Rita Barberá no ha sido capaz de gobernar. Se ha limitado a mandar y cuando los tribunales han paralizado sus proyectos, ha reaccionado de una forma doblemente autoritaria. Por un lado ha castigado al Cabanyal a la degradación por el procedimiento de no realizar inversiones y por otro, ha recurrido a la mayoría que el PP tiene en las Cortes Valencianas para rebajar la protección establecida en la Ley de Patrimonio y poder actuar discrecionalmente.

Ahora que está rozando la gloria, Rita Barberá tiene una excelente oportunidad para hacer un punto y aparte, actuar con amplitud de miras, dejar a un lado la soberbia, retirar el proyecto de prolongación y consensuar con los vecinos un plan integral para el barrio del Cabanyal y para el conjunto de los poblados marítimos. De las decisiones que se tomen en los próximos meses va a depender el desarrollo de la ciudad durante muchos años. Valencia se juega su futuro a medio plazo y ese futuro no puede responder sólo a los intereses de la especulación urbanística, de los beneficios del puerto y de las ventajas partidistas, por muy mayoritario que sea el partido gobernante.

La cultura del consenso en torno a los grandes temas, debería también ser recuperada para que las Cortes Valencianas llegaran a amplios acuerdos en torno a la ordenación del litoral. La Copa del América es una oportunidad y no debería convertirse en una nueva patente de corso para fomentar la piratería urbanística tan en boga.