La Constitución del siglo XXI

La Constitución del siglo XXI. Éste es el título del suplemento con el que EL PAÍS conmemorará mañana el 25º aniversario de la Constitución española. La ley de leyes nació en 1978, pero con la vista puesta en el siglo XXI, abierta a las influencias de lo que pasaba en España y en el mundo y consciente de que su supervivencia dependía de su capacidad de comprensión de las transformaciones de la sociedad. El suplemento subraya ese espíritu preguntando a un grupo de expertos qué debería hacerse para garantizar su paso firme en el siglo que ahora empieza. Junto con cada diario se entregará también un ejemplar con el texto íntegro de la Constitución.

La portada del suplemento es un dibujo original del pintor Juan Genovés, encargado expresamente por EL PAIS para esta ocasión, y las ilustraciones de las 24 páginas son también dibujos originales, obra de Andrés Rábago, Ops.

El suplemento recuerda la historia del pacto que dio origen a la Constitución y reproduce los argumentos que esgrimieron en su día en la tribuna del Congreso de los Diputados los responsables de los distintos grupos parlamentarios para justificar su voto, favorable o negativo, o su abstención. La lectura detenida de estos discursos cobra renovado interés a la vista de recientes acontecimientos políticos. Xabier Arzalluz, por ejemplo, mantuvo: "Trabajaremos con voluntad reformadora a partir de los mecanismos que esta Constitución establece". Y Manuel Fraga Iribarne: "En el programa prioritario de nuestro partido figurará a partir de ahora la reforma constitucional".

Una parte importante del suplemento se dedica al debate que mantuvieron en la sede del periódico dos de los padres de la Constitución, Gregorio Peces-Barba y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Miembros de dos partidos políticos diferentes, PSOE y PP, y representantes de dos escuelas distintas no sólo de derecho constitucional como materia académica sino también de interpretación del propio texto de 1978, la discusión entre Peces-Barba y Herrero de Miñón, a lo largo de tres horas, resultó apasionante y polémica. Los dos coincidieron en algunas cosas. Por ejemplo, en protestar contra "los profetas de la catástrofe", que son los que terminan por provocarla, y en preocuparse "porque tanta gente en España esté invocando medidas de excepción y suspensión de cosas". Y en considerar que el consenso no fue un simple toma y daca, un intercambio de cromos, sino "un pacto de unión de voluntades en el que todos renuncian a algo, pero no a cambio de otra cosa, sino porque entre todos se decantan por algo superior, más general y mas valioso".

Las discrepancias, rotundas, se produjeron en el análisis del plan Ibarretxe y en si existen mecanismos que permitan discutirlo, sea o no inconstitucional, total o parcialmente.

Algunos de los artículos incluidos en el suplemento aportan propuestas concretas de reforma de determinados artículos de la Constitución. El catedrático de Santiago de Compostela Roberto Blanco, por ejemplo, considera que el título II, relativo al a Corona, debe dejar de figurar en la zona especialmente protegida. Carles Viver Pi-Sunyer, de la Pompeu Fabra, considera que se ha producido una degradación de la autonomía política y sugiere una nueva redacción del 137, así como modificaciones en el 149 y 69 y siguientes.

Marc Carrillo analiza el derecho a la información y propone una nueva redacción del artículo 20.3 que prevé que una ley que regule los medios de comunicación social del Estado.

Dos ex presidentes del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero y Pedro Cruz Villalón, son también partidarios de algunas reformas, aunque en temas distintos. Rodríguez-Piñero, por ejemplo, sugiere completar el artículo 41 para añadir la obligación los poderes públicos de mantener no sólo un régimen de Seguridad Social sino también uno de "protección social". Cruz Villalón analiza el espacio constitucional europeo y propone que la Constitución diga expresamente que España es un Estado miembro de la Unión Europea.

El tema de la Constitución Europea y de la Carta Europea de Derechos Humanos y su anclaje en la Constitución española es analizado por el también ex presidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo. La catedrática Paloma Biglino, de la Universidad de Valladolid, pasa revista, por su parte, a los desafíos a que hace frente el Parlamento y mantiene que el artículo 68 debería decir que la circunscripción electoral para el Senado es la comunidad autónoma.

La necesidad de retocar lo relativo a las relaciones con la Iglesia lleva al profesor Óscar Celador, de la Universidad Carlos III, a proponer que el artículo 16.3 diga que el Estado español es un Estado laico. El modelo judicial es analizado por el rector de la universidad de Alcalá de Henares, Virgilio Zapatero, quien recuerda que hace 25 años la Constitución confió en los jueces y tribunales, pero que hoy día, nada menos que el 75% de los españoles coloca a la justicia como uno de los servicios públicos peor valorados.

Finalmente, las razones contra el inmovilismo reverencial que aqueja a muchos de quienes se enfrentan a una posible reforma constitucional son explicadas por el catedrático Francisco Rubio Llorente. Y Javier Pradera clama contra quienes aceptan que una Constitución elaborada por consenso sea secuestrada 25 años después por un solo partido.

Encuesta el domingo

EL PAÍS publicará también el próximo domingo una encuesta del Instituto Opina en la que se plasma la opinión de los españoles sobre la Constitución, la valoración de las instituciones que ella creó, incluidas las comunidades autónomas, y la democracia. Igualmente interroga sobre la presencia del Ejército español en Irak, el sentimiento de ser español o el derecho a la autodeterminación de las autonomías. Finalmente, incluye un apartado sobre la monarquía y la boda, anunciada para el 22 de mayo del próximo año, del príncipe Felipe con Letizia Ortiz.