El PSOE advierte de graves defectos en la ley
El PSOE rechaza totalmente la ley de firma electrónica porque considera que tiene graves defectos técnicos. El senador Félix Lavilla manifestó a este suplemento que uno de los errores más graves es introducir el DNI electrónico en un par de artículos "cuando exigiría una ley orgánica propia porque afecta a derechos fundamentales".
El PSOE propuso que la ley contemplara el principio de no rehusar el certificado emitido por una Administración pública por parte de otra. "Si, por ejemplo, una Administración regional o local emite un certificado quiere decir que está reconocida como autoridad de certificación. Por tanto, sus certificados deben tener validez fuera de ella porque se supone que cumple con todos los requisitos para emitirlos. Y si no los cumple, se le debe retirar su capacidad emisora".
Para Lavilla, la ley consagra una ventaja casi monopolista para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre porque limita el papel de los proveedores privados de certificados digitales. "Dado que existe una directiva europea que obliga a reconocer los certificados emitidos en el ámbito de la UE, se puede dar el caso de que tenga que aceptarse el europeo y la ley permita no aceptar el español, por lo que que tendremos que ir a Perpiñán a sacarnos un certificado". La FNMT será la entidad encargada de la certificación del DNI digital.
Más de 500 enmiendas
A Lavilla le chocó especialmente que, por la vía de las enmiendas, el PP introdujera de nuevo el tema de las líneas telefónicas de tarificación adicional (las antiguas 906) en una ley sobre firma electrónica. En su intervención parlamentraia lo atribuyó al caos legislativo del PP que también ha aprovechado esta ley para hacer correcciones en la polémica LSSI (Ley de Internet). "La enmienda no introduce ninguna novedad sobre la última legislación en la materia. Pero ya que el PP planteó la cuestión, podría habserse aprovechado para reforzar los mecanismos de protección del usuario" que pueden encontrarse con que uno de estos servicios de pago le ha cambiado fraudulenta e inadvertidamente la conexión de tarifa local a otra de tarificación adicional.
Durante su paso por el Parlamento, la norma elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio ha superado más de 500 enmiendas -casi 250 en el Congreso y 289 en el Senado- con los únicos votos a favor del Partido Popular y sus socios de Coalición Canaria, que sólo han permitido salir adelante menos de 40 propuestas de modificación.
El Grupo Socialista había solicitado en el Senado el veto de la ley.
