Instalación 1.391, cárcel secreta israelí

El Tribunal Supremo israelí ha ordenado al Gobierno facilitar toda la información relativa a la prisión secreta conocida como Instalación 1.391, en la que se ha venido recluyendo a un número indeterminado de "reclusos de alto riesgo". La existencia de este centro de detención fue admitida por la propia Administración israelí recientemente a instancias de una demanda planteada por la organización de defensa de los derechos humanos Hamoked, que dirige la activista y pacifista Dalia Kerstein y que ha contado con el apoyo de varios abogados israelíes. Ahora el Supremo quiere conocer toda la verdad.

"Un procedimiento de habeas corpus planteado ante el Tribunal Supremo tratando de localizar el rastro de tres palestinos en paradero desconocido y el testimonio de un hombre de negocios, Bashar Jadallah, vecino de la ciudad cisjordana de Nablús, que había sido recluido en el lugar, nos permitió conocer la existencia oficial del centro", asegura Dalia Kerstein, de 51 años. La ONG Hamoked nació en la primera Intifada para defender a los palestinos víctimas de la política de huesos rotos con la que el primer ministro, Isaac Rabin, trataba de acabar con los lanzadores de piedras.

Las primeras informaciones oficiales permitieron descubrir que la Instalación 1.391 es una fortaleza de cemento, construida por los británicos en la década de los treinta, que se levanta en un lugar indeterminado entre Afula y Hadera, al norte de Tel Aviv, muy cerca del kibutz de Barkan. Y que el centro, aunque es parcialmente visible desde la carretera que conduce hacia el norte, ha sido borrado de los mapas oficiales y los carteles indicadores han sido asimismo retirados.

Se supo también que la Instalación 1.391 había servido de prisión de máxima seguridad a presos extranjeros originarios de países árabes, preferentemente jordanos o libaneses. Y que estas mismas instalaciones, en los dos últimos años, han venido albergando a la población reclusa palestina que, debido a la Intifada, no cabe ya en los centros oficiales.

Los testimonios de algunos ex reclusos revelaron que a los detenidos les eran vendados los ojos al entrar y salir del centro para impedir que identificaran un lugar donde menudeaban los malos tratos e incluso las torturas. O que se les obligaba a vivir en minúsculas celdas de menos de cuatro metros cuadrados y se les impedía todo contacto con el exterior. Y que cuando preguntaban dónde se encontraban, los carceleros les respondían irónicamente en la Luna o en Honolulú. "El hecho de no saber dónde me encontraba, ni incluso de ver los ojos de mis guardianes, me daba mucho miedo. Pero lo peor era el sentimiento de que yo podía desaparecer y de que mi familia no sabría jamás lo que había pasado conmigo", asegura uno de estos ex reclusos, recogidos en la demanda que se ha presentado recientemente ante el Tribunal Supremo en Jerusalén, y en la que se pide su clausura.

Los tres magistrados del Supremo, antes de decretar el cierre del centro, quieren saber en un plazo máximo de 45 días qué institución del Estado administra esta cárcel, quién controla su existencia y si se trata de un recinto aislado o forma parte de una red secreta. Y si es verdad que desde hace tiempo no hay ningún detenido en ella. A los jueces no les sirven las explicaciones gubernamentales que aseguran que se trata de un "centro de detención normal, pero situado en una base secreta" o que "un Estado democrático tiene muy buenas razones para tener una prisión de estas características".