La Audiencia Nacional condena por primera vez a AENA por retrasos de hace cinco años

El retraso en un vuelo, que puede convertirse en una pesadilla para el viajero, no sólo es achacable a la compañía aérea que lo opera. Han pasado casi cinco años y la multa es casi insignificante; pero, por primera vez, AENA ha sido condenada por la Audiencia Nacional. El organismo público que gestiona los aeropuertos deberá indemnizar con un total de 90.000 euros a 188 pasajeros afectados por el caos aéreo y los retrasos registrados en la Navidad de 1998 y los periodos vacacionales de 1999. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que tramitó la denuncia, calificó la decisión de "histórica".

La insuficiencia de la plantilla de controladores aéreos en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que trabajan para AENA, contribuyó a las demoras que sufrieron más de doscientos vuelos en 1998 y 1999, según concluye la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia en un fallo del 28 de octubre pasado, no recurrible y promovido por un recurso de la OCU y la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña. Se trata de una sentencia "pionera", según estas asociaciones, al establecer por primera vez la responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento del servicio público aeroportuario, ya que AENA es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

"Las serias disfunciones" que se produjeron se debieron a "problemas técnicos no resueltos satisfactoriamente, de carencias de personal y de modernización de infraestructuras en ejecución" que causaron perjuicios a los usuarios del transporte aéreo como "molestias y situación de zozobra", según señala el fallo. Además, reconoce la legitimidad de las asociaciones de consumidores para acudir a este tipo de procedimiento en nombre no sólo de sus socios, sino de todos los usuarios.

Por todo ello, la Audiencia condena a AENA a abonar una indemnización conjunta de 90.000 euros, que se repartirá de forma desigual entre 188 pasajeros, que cobrarán entre 40 euros y 3.600 en función de la gravedad de esos perjuicios.

Las indemnizaciones no sólo tienen en cuenta el importe del valor del billete de los vuelos retrasados o cancelados, sino también la pérdida o extravío temporal de los equipajes, traslados en taxi, pérdida de días de trabajo por el retraso en la vuelta y los daños morales padecidos por algunos pasajeros por razones de salud o sufrimiento personal.

Noche de boda frustrada

Entre los viajeros que recibirán indemnización está una pareja de recién casados -la OCU no dio ayer los nombres de sus representados por expreso deseo de éstos- que, en lugar de pasar la primera noche de su luna en miel en Puerto Rico, tuvo que dormir en un hotel de la provincia de Guadalajara.

Especialmente mal lo pasó un viajero que padecía una minusvalía del 70%. Junto a su hija, voló de Málaga a Madrid para coger un avión con destino a Santo Domingo, pero llegó con retraso a la capital y no pudo hacer la conexión. Decidió volver a Málaga, pero la compañía no le pagó los billetes y los abonó de su propio bolsillo. Tuvo que "subir a gatas" al avión que le debía llevar de vuelta a su ciudad, explica una portavoz de la OCU, porque la aerolínea no tenía disponible una silla de ruedas adaptada. Una vez en Málaga, tuvo que pagar un taxi hasta casa.

La decisión de la Audiencia deja fuera a otros 16 pasajeros que se incluían en la reclamación de las organizaciones de consumidores porque el tribunal estima que no existe en su caso responsabilidad de AENA. Estas asociaciones están pendientes de la resolución de otra demanda civil que presentaron dirigida contra las compañías aéreas y cuya sentencia está a punto de hacerse pública.

Más controladores

AENA "reconoce" y "acata" la sentencia, según indicó el organismo en un comunicado, en el que admite la escasez en la plantilla de controladores en el periodo al que hace alusión el tribunal. Pero añade que este problema se está solventado y el número de estos trabajadores ha crecido un 35,8% desde 1998, hasta los 2.010 actuales.

El diputado socialista José Segura se mostró "satisfecho" por una sentencia que, a su juicio, avala "la mala gestión" del Gobierno del PP.