El Gobierno en funciones de CiU sigue nombrando altos cargos

Entre octubre y noviembre, el Gobierno en funciones de Convergència i Unió (CiU) en la Generalitat ha nombrado a tres subdirectores generales, un presidente de la Junta de Finanzas, cuatro jefes de área, dos jefes de sección, nueve responsables de área, una decena de lo que se conoce como cargos singulares, amén de vocales y un sinfín de cargos administrativos cuyos beneficiarios, como mínimo, verán incrementar su salario de funcionarios a cargo del erario público.

En general, el Ejecutivo sigue funcionando como si no se hubieran realizado las elecciones. El Departamento de Enseñanza, por ejemplo, ha tramitado en las últimas tres semanas 11 borradores de decretos. Los sindicatos denuncian que el departamento en funciones que encabeza Carme-Laura Gil elabore proyectos legislativos "tan cruciales como el de admisión de alumnos".

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Lo más sorprendente, sin embargo, han sido los nombramientos acordados tras las elecciones del pasado 16 de noviembre por un Gobierno en funciones. El 18 de noviembre, dos días después de los comicios, el consejero de Economía, Francesc Homs, firmaba en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) siete nombramientos. El lunes día 24, la consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, nombraba a Jordi Vela subdirector de Gestión de Personal y de Medios Económicos y Materiales de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia.

Pacto para revocar

La tendencia a engrosar las filas de la Administración se puso de manifiesto poco antes del verano, cuando el consejero de Gobernación, Josep Maria Pelegrí, respaldó al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat por convocar unas oposiciones para aumentar el cuerpo de abogados de la Administración, pese a que se lo impedía una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento.

Fuentes sindicales aseguran que antes de las elecciones hubo un pacto entre el PSC, ERC e ICV para revocar, si accedían a la Generalitat, todos los nombramientos del Gobierno en funciones. Esquerra hizo bandera de ello durante la campaña y en la actual ronda negociadora ha anunciado que revisará incluso otras decisiones del Ejecutivo.

El Gobierno catalán rechaza que haya irregularidades en estos nombramientos, pues sostiene que "estos son cargos administrativos" con independencia de si el Gobierno "está o no en funciones", según un portavoz de Industria. "No podemos permitir que la Administración se paralice a la espera de un nuevo Gobierno", añade la misma fuente. Industria convocó el 25 de noviembre una plaza de informador de la Oficina de Gestión Unificada para Actividades Empresariales.

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