Examen

El principal problema de la LOGSE, la ley de educación que diseñaron los socialistas, era que no tenía los pies en la tierra. La promoción automática de los alumnos hubiese sido una buena idea si cada profesor hubiera tenido cinco alumnos. Con veinticinco chavales por clase la promoción automática era un disparate. Y lo mismo sucedía con otros aspectos. Sobre el papel aquella LOGSE era una ley modélica, pero sus autores olvidaron que en España ni siquiera los socialistas están dispuestos a invertir en instrucción pública. ¿La razón? Que el dinero de la enseñanza tarda mucho más de cuatro años en lucir, y es prácticamente imposible rentabilizarlo electoralmente. Es necesario el paso de varias generaciones para comprobar si los gobernantes se han ocupado del verdadero progreso o si, como parece, nos han dejado en la estacada.

El PP ha aprovechado los desastres producidos por una ley ambiciosa y sin dinero para colarnos de rondón la LOCE, esa norma que hace obligatoria otra vez la asignatura de religión. En el caso de la promoción automática, la LOCE acaba con ella recuperando los exámenes extraordinarios. El año que viene un alumno de secundaria que hoy pasa de curso con asignaturas suspensas tendrá que aprobar un examen adicional, si no quiere repetir.

Como la ley deja libertad a las comunidades autónomas para fijar su fecha, la Consejería de Educación de la Junta lo ha colocado entre el 23 y el 30 de junio, es decir al día siguiente del final de curso, sin tiempo para que el alumno que ha suspendido alguna materia (incluida la religión) pueda repasarla. Otro estímulo, como ven, para que los niños vuelvan a confiar en las estampitas de la Virgen y en el poder del Espíritu Santo.

Los profesores, naturalmente, están en contra. El valor pedagógico de la prueba, dicen, queda anulado si ésta se celebra recién terminado el curso. A los sindicatos tampoco les entusiasma. Los únicos satisfechos son el director de planificación y ordenación de la Consejería de Educación, Manuel Alcalde, y la Codapa, la asociación de padres mayoritaria en la enseñanza pública, que no quiere ver a sus niños hincando los codos durante el verano. Sólo faltaría que el dichoso examen fastidiase además las vacaciones de los padres. Alcalde justifica la chapucilla diciendo que en realidad no es un examen, sino una prueba adicional que completa la información del profesor. Y viene a decir algo más: que fijándola de modo que el alumno no tenga tiempo para estudiar se favorece a los pobres, ya que así se impide que los ricos puedan pagarle a sus hijos un profesor particular.

Como no conozco al señor Alcalde, doy por hecho que está bromeando y que él sabe mejor que yo que una política social no consiste en impedirle nada a nadie, sino en facilitarle las cosas al que no puede pagárselas. Pero ya está bien de bromas, hombre. Si el interés de la Consejería por la enseñanza y los desfavorecidos fuera genuino contrataría profesores de apoyo que dieran clases extraordinarias durante todo el mes de julio. Eso no cuesta mucho, y además qué importa el dinero; Andalucía está imparable.