Colegio público, gestión privada

El plan de familia puesto en marcha por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía durante el curso pasado, parte de un planteamiento inicial correcto: Ofrecer a las familias andaluzas la posibilidad de que sus niños y niñas puedan estar atendidos en su propio colegio desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la tarde al objeto de facilitarles esta ayuda durante la jornada laboral. Para ello se articulan una serie de medidas favorecedoras como la adecuación de aulas matinales, la puesta en marcha de comedores escolares y la realización de actividades extraescolares. Hasta aquí todo bien.

El problema surge cuando la propia consejería delega en el sector privado la gestión del proyecto: Si el número de niños y niñas no es suficiente como para garantizar unos beneficios, pues no se ofrece el servicio de aula matinal; si los talleres extraescolares comienzan a funcionar pero a las pocas semanas el número de escolares decrece, pues se suspende dicho taller, y lo mismo ocurre con el servicio de comedor escolar, atendido por el mínimo personal al objeto de reducir costes y aumentar beneficios, de manera que el comedor deja de tener su función educadora (ausencia de un programa de higiene bucodental al finalizar la comida, ausencia de un programa de actividades para la sobremesa, carencia de personal cualificado para la atención de los menores en los patios...).

Entonces, nos encontramos con la paradoja de ver a los equipos directivos de los centros acogidos a dicho proyecto justificando las medidas de la empresa privada y teniendo que soportar las críticas y demandas de los padres que ven cómo se les recorta el servicio, es decir, funcionarios públicos ejerciendo de portavoces de empresas privadas. Inaudito.

¿Y qué pasa con las actividades extraescolares que organiza la APA de un colegio acogido a dicho plan y que no tienen ningún ánimo de lucro? ¿No es considerada acaso como una competencia desleal hacia la empresa privada? ¿Interesa entonces que las asociaciones de padres participen activamente en el funcionamiento del centro o, por el contrario, se nos invita a desempeñar un papel pasivo acatando las decisiones (mercantiles) de la empresa privada?

Son preguntas que a poco que uno reflexione sobre ellas encuentra la misma respuesta, por lo que llegamos a la conclusión de que este proyecto deja entonces de tener un carácter de servicio público para regirse por el único criterio que interesa a la empresa privada, y que no es otro que el de la rentabilidad económica.

Y no se trata de una cuestión económica puesto que, nos consta, la propia Consejería de Educación ha efectuado una importante inversión en el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema?

El problema es, fundamentalmente, de gestión. O de mala gestión, para ser más precisos. Porque, en realidad, de lo único que se hubiera tratado era de unificar criterios y de utilizar los propios recursos públicos. En este sentido los ayuntamientos podrían realizar una importante labor prestando, por ejemplo, el servicio de aula matinal (asignándoles, por supuesto, el presupuesto de este servicio); o las asociaciones de padres de alumnos gestionando el presupuesto de las actividades extraescolares (lo que les otorgaría protagonismo y participación en la gestión de la Escuela Pública) sin criterios mercantiles, tan sólo de servicio a la comunidad...

Decíamos al comienzo de esta carta que el proyecto parte de un planteamiento inicial correcto, pero que su ejecución es totalmente inadecuada. Convendría a los responsables del mismo evaluar su desarrollo al objeto de reconducir su funcionamiento, pero nos referimos aquí a una evaluación honesta, con la participación de todos los sectores implicados, con criterios consensuados y con una finalidad más de servicio público que de rentabilidad política.

Si no se hace algo al respecto habremos perdido, una vez más, otra oportunidad de construir una escuela pública de calidad, con una verdadera vocación de servicio público.