A la vejez, viruelas americanas

Es el principio del fin del sistema público de seguro médico que hoy cubre en Estados Unidos las necesidades sanitarias de 40 millones jubilados y de discapacitados. Las dos Cámaras -Representantes y Senado- aprobaron esta semana, tras una lucha encarnizada, la polémica reforma del régimen de Medicare. Los demócratas y los más críticos con el cambio lo consideran como el primer paso hacia la privatización de este programa federal creado en 1965, bajo la presidencia del demócrata Lyndon Johnson, y acusan al presidente Bush de venderse a los intereses de la industria farmacéutica y a las aseguradoras, dando la espalda a los mayores.

El temor es que se queden en la estacada unos dos millones de ancianos que, por sus bajos ingresos, no podrán acceder al régimen

Los analistas más críticos afirman que con el nuevo sistema de seguro médico, los beneficios de las farmacéuticas se incrementarán un 38%

La agresiva campaña orquestada desde la oposición durante las últimas semanas para frenar el plan de la Casa Blanca no consiguió el resultado esperado y la reforma del Medicare prosperó finalmente tras un voto muy ajustado en el Congreso (220 votos a favor y 215 en contra) y en el Senado (54-44). El presidente Bush había puesto toda la carne en el asador para sacar adelante el proyecto de Ley y colgarse una importante medalla políticade cara a las presidenciales de 2004. George Bush lo hacía a sabiendas de que los votantes mayores de 65 años de edad suelen dar su apoyo a los demócratas y con esto intenta seducirlos.

Es la primera gran reforma a la que se somete el sistema Medicare en EE UU en sus 38 años de funcionamiento. El régimen lo creó un presidente demócrata y ahora es un republicano el que procede a modernizarlo. El partido demócrata ya planteó un cambio del sistema en 1993, pero el debate no empezó a tomar cuerpo hasta hace seis años bajo presidencia de Bill Clinton. El choque entre las distintas corrientes ideológicas que dominan las dos cámaras estadounidenses era insalvable. Los demócratas querían ampliar los beneficios del Medicare pero dejando la estructura en manos del Gobierno. Los republicanos, más conservadores, apostaban por un programa completamente diferente.

Posibilidad de elección

El cambio propuesto por la Administración Bush, que contó con el apoyo en firme y decisivo en la recta final del debate del AARP -principal lobby del país con 35 millones de pensionistas-, tiene como objetivo principal conseguir que el sistema federal de asistencia a la tercera edad entre en competencia directa con las aseguradoras privadas. Con la nueva Ley, que empezará a funcionar realmente en 2006, los mayores podrán elegir entre el programa tradicional o afiliarse a un plan de asistencia que le ofrezcan las compañías de seguros privadas. Además, se introduce un nuevo sistema de reembolso parcial de los medicamentos con receta.

El coste del cambio en el diseño del Medicare se eleva a 395.000 millones de dólares para los próximos 10 años. "La modernización del Medicare mejorará el sistema y nos permitirá decir a nuestros mayores que mantenemos nuestro compromiso con ellos", afirmaba George Bush mientras en el Senado republicanos y demócratas se enfrentaban en un intenso debate. El secretario del Tesoro estadounidense, John Snow, dijo que el cambio es necesario para atender en el futuro las necesidades de los más mayores.

EE UU cuenta en la actualidad con 40 millones de ancianos y de personas discapacitadas. Con la jubilación de la generación del baby-boom pasarán a ser 70 millones a finales de esta década. Las Administración Bush asegura que el Medicare no podrá soportar el ritmo actual de envejecimiento de la población y augura el colapso del sistema en 2026 si no se adoptan medidas para garantizar su viabilidad. La oposición demócrata afirma, por el contrario, que los cambios que se quieren introducir no resuelven los problemas reales d el sistema sanitario y advierte que los efectos de la reforma serán "desastrosos" para las generaciones venideras.

La oposición acusa al presidente Bush de "venderse" a los intereses de la industria farmacéutica, a las aseguradoras privadas y a las gestoras de los hospitales con fines puramente electorales, para atraer fondos hacia su campaña. "No se equivoquen. Este es el primer paso hacia la privatización del sistema", afirmaba el senador demócrata Edward Kennedy, el líder entre los opositores. Para el senador por el Estado de Massachussets se trata simple y llanamente de "un proyecto

derechista para privatizar el Medicare". "La reforma costará mucho y beneficiará a unos pocos", remachó. Los senadores demócratas señalan que esta reforma da la espalda a los mayores "para que las compañías farmacéuticas y las aseguradoras incrementen sus beneficios".

Los analistas más críticos con el cambio comparten las críticas del senador Kennedy y afirman que con el nuevo sistema de seguro médico, los beneficios de las compañías farmacéuticas se incrementarán un 38%. "Y si verdaderamente se quiere privatizar el sistema ¿por qué las aseguradoras privadas deberían recibir fondos para entrar en el mundo del Medicare?", se preguntan. De hecho, el proyecto de Ley aprobado por el Congreso y el Senado incluye un fondo de "estabilización" y de reducciones fiscales por valor de 125.000 millones de dólares para ayudar a las aseguradoras privadas a operar en el mundo del Medicare.

"Esto ni es capitalismo ni competencia. Es simplemente salud corporativa", señala el senador Kennedy, "y luego le tocará el turno al sistema de jubilación general". Jeanne Lambrew, profesora en la Universidad George Washington, asegura que se está creando un canal de financiación pública a favor de los planes privados. "¿Cómo se puede llamar a estos libertad de elección o competencia cuando los planes privados disponen de esta ventaja financiera?", se pregunta. El temor es que con el nuevo sistema se queden en la estacada unos dos millones de ancianos que, por sus bajos ingresos, no podrán acceder al régimen. Se calcula que el coste de afiliación a los planes de salud de las aseguradoras privadas rondará los 250 dólares anuales, más una primera mensual de 35 dólares.

Cobertura de medicamentos

A cambio, los pacientes dispondrán de una cobertura del 75% del gasto en medicamentos, siempre que no se gasten más de 2.500 dólares anuales. Si se rebasa esa cifra, el paciente no tendrá derecho a descuento y deberá costeárselos de su propio bolsillo a no ser que su cuenta de medicamentos supere los 3.600 dólares anuales. Entonces, podrán cubrir el 95% del gasto. Los jubilados con bajos ingresos recibirán una ayuda de 600 dólares anuales. El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley, asegura que así se está "salvando" el régimen de asistencia médica. Pero el senador demócrata Tom Harbin le responde que la confusión entre lo que permite la nueva Ley y lo que no "es total".

El proyecto de ley, de hecho, consta de 1.200 páginas de difícil lectura y compresión para los que no son expertos ni conocedores de los entresijos del sistema de seguro público en EE UU. La senadora Dianne Feinstein, una de las disidentes entre las filas demócratas, reconoció que el nuevo régimen que se quiere introducir "no es perfecto", pero votó a favor de la reforma "porque ayudará a mejorar las cosas en mi Estado" . También hubo senadores republicanos, como John McCain, que criticaron con dureza las subvenciones de las que se beneficiará el sector privado.

La respuesta que se da a estas críticas es que el nuevo Medicare ofrecerá una mayor cobertura de los medicamentos recetados, una mayor atención médica, se incrementará la atención sanitaria en las zonas rurales, se potencia la prevención y permitirá abrir cuentas de ahorro para gastos de salud. Además, la Administración Bush asegura que se preserva el Medicare tradicional. "Es el paso más grande que se está dando para hacer del Medicare un sistema moderno", afirma el secretario de Salud, Tommy Thompson.

Los analistas políticos del partido demócrata reconocen que es "una gran victoria" a corto plazo para el presidente pero confían en que al final se le volverá en su contra "cuando los beneficiarios del régimen se den cuenta de lo que significa realmente el cambio".