La igualdad ante la salud

Desde 1978, los españoles tenemos derecho a que nuestra salud esté protegida. La salud de todos y cada uno de nosotros es responsabilidad del Estado.

La salud es un bien propio, de cada individuo, que requiere para su realización efectiva la actuación de los poderes públicos. Está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, cuya protección y tutela por el Estado no puede limitarse a impedir que nos sea arrebatada, sino que tenemos derecho a vivir sanos, a que nuestra existencia discurra en las condiciones adecuadas de calidad.

La protección de la salud deviene así en un bien jurídico fundamental, vinculado a la libertad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

ARTÍCULO 43, 1 y 2. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios

Las enfermedades que hoy nos afligen son enormemente costosas y de tratamientos prolongados. No elegimos el momento en que enfermamos; no sabemos qué tratamiento nos conviene; no podemos prevenir su coste ni su duración; ni siquiera sabemos, en ocasiones, si estamos ante un consejo sanitario o un reclamo comercial.

Necesitamos la garantía de lo público, de lo que es de todos, no sólo para acceder a la protección de la salud y a la atención sanitaria en condiciones de igualdad, sino también para que nuestro desvalimiento ante la enfermedad y nuestras legítimas expectativas de mejor calidad de vida no sean objeto de intereses ajenos al de procurar en cada caso la mejor atención a nuestros padecimientos.

La igualdad ante la salud es una conquista fundamental de nuestra sociedad. Y ha costado mucho llegar a ella.

El Estado empezó contemplando la salud como una función de policía, limitándose a tutelar la higiene y la salud pública para salvaguardar a la comunidad de las epidemias, y realizando con los más necesitados una intervención marginal que llamaba beneficencia.

El Seguro Obligatorio de Enfermedad, primero, y la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, después, dotaron de cobertura sanitaria a los trabajadores y sus familias, para atender la enfermedad de quienes financiaban el sistema con sus cotizaciones.

Coincidiendo con la transición democrática, la opinión de los españoles reflejaba de manera rotunda -70% de los consultados- la necesidad de transformar el sistema de atención sanitaria.

La Constitución de 1978 incorpora entonces los derechos sociales, como la protección de la salud, al ámbito de actuación de los poderes públicos, y en su desarrollo, en 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, durante el primer Gobierno socialista presidido por Felipe González, siendo ministro de Sanidad Ernest Lluch.

Se creó el Sistema Nacional de Salud, que ha ido consolidando un modelo sanitario público, universal -siete millones de españoles que carecían de cobertura sanitaria fueron incorporados al sistema-, financiado mediante ingresos del Estado, dejando las cotizaciones sociales para atender las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, que garantiza el acceso equitativo a los servicios de salud -iguales prestaciones para iguales necesidades-, gestionado por las comunidades autónomas, y que tiene encomendada la protección efectiva de nuestra salud.

Es decir, tenemos derecho a la protección de la salud por el hecho de ser personas. La sanidad se paga con nuestros impuestos. Y la atención que hemos de recibir no ha de esperar a que estemos enfermos, sino que tenemos derecho a la prevención de la enfermedad, a la promoción de la salud, a la educación sanitaria, y, en definitiva, a que nuestra vida discurra en las mejores condiciones de calidad.

A principios de los noventa, Unicef calificaba los avances logrados en España en indicadores de salud como "impresionantes", y la OMS situaba el Sistema Nacional de Salud español en séptimo lugar en la clasificación de todos los sistemas sanitarios del mundo.

El Informe de la ONU que valora periódicamente el grado de desarrollo humano de los diferentes países del mundo, a través de indicadores económicos, socio-sanitarios, educativos, culturales y de desigualdades sociales, situó a España, en 1995, en el noveno lugar de la clasificación. En el de a 2002, ha descendido hasta el lugar 21.

Ninguna conquista social es irreversible, y, en nuestro caso, el riesgo de retroceder, cuando todavía no hemos llegado al estado de bienestar del que disfrutan nuestros paisanos europeos, se convierte en siniestro.

La desigualdad ante la salud es la más insoportable de las desigualdades. El vigesimoquinto aniversario de nuestra Constitución es una buena ocasión para reivindicar la efectividad del derecho a la protección de la salud, esto es, a la dignidad, la libertad y la cohesión social.

Ángeles Amador es ex ministra de Sanidad.