Dos asociaciones cubanas piden la regularización de 3.000 compatriotas

Cubanos que viven en España piden coherencia al presidente del Gobierno, José María Aznar. "Es un contransentido que, por un lado, el Gobierno diga entender perfectamente la situación dictatorial que vive el pueblo de Cuba y que, por otro, deniegue casi automáticamente todas las solicitudes de asilo político, exención de visado y regularización por la vía de oferta de trabajo", afirma el manifiesto elaborado por el Centro Cubano en España y la Fundación Hispano-Cubana. Estos colectivos

estiman que hay unos 3.000 sin papeles cubanos atrapados en un "limbo": no pueden regresar a su país ni quedarse legalmente en España, por lo que "se ven abocados a la irregularidad y a trabajar ilegalmente, según explicó ayer el periodista cubano Michel Suárez tras leer el manifiesto.

Ambas asociaciones reclamaron ayer a Aznar que "de cara a las elecciones generales" confirme su apuesta por la democratización de Cuba y, "de paso, colabore en la solución legal" de la situación de estos cubanos, que emigran por motivos "eminentemente políticos". Son "pocos" y no suponen "un problema grave para España", aseguran. La respuesta española a las demandas de asilo político de cubanos es, sin embargo, casi siempre no: sólo obtuvieron refugio 12 de los 1.151 cubanos que lo pidieron en España en 2002.

El Centro Cubano en España y la Fundación Hispano-Cubana criticaron que ni siquiera se les exima de visado para regularizar su situación, algo que, aseguraron, contempla un real decreto para extranjeros de países en los que haya un conflicto "político", entre otros motivos. "No deseamos privilegios [...] simplemente que se cumplan las leyes", le recalcan a Aznar.

Revelaron que existen casos -no cifraron cuántos- en los que España ha denegado la exención de visado pese a tener "un permiso de trabajo" y presentar un "documento del consulado de Cuba que certifica que no pueden volver al país hasta que no sean residentes españoles", según Suárez. El abogado cubano Orlando Gómez dijo que el regreso a Cuba "podría tener graves consecuencias jurídicas y penales" para estos emigrantes que, además, "tras 11 meses y un día [fuera de Cuba] pierden derecho sobre sus propiedades".