El Parlamento aprueba la Ley de Protección de los Consumidores con el rechazo del grupo popular

La Cámara andaluza aprobó ayer la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, que sustituye la norma de 1985 y, entre otras novedades, introduce fórmulas para que las empresas sancionadas por irregularidades reparen e indemnicen a los usuarios afectados, crea un registro de infractores para Andalucía (en el que quedan inscrito por tres años quienes hayan sido sancionados) y amplía la capacidad inspectora de los municipios. Aunque con objeciones, la norma fue respaldada por todos los grupos, excepto el popular, que tachó la ley de poco moderna y avanzada.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, la definió como "un instrumento eficaz para reducir el espacio de indefensión de los consumidores en la economía global". También dijo que se trata de una normativa "beligerante" al apoyar a los más "débiles".

El PP mantuvo vivas 56 de las 84 enmiendas que había presentado, ya que, entiende, según señaló su portavoz, Rosa Muñoz, que no se ha tenido en cuenta la opinión de las asociaciones de consumidores, a quienes deja fuera de los órganos colegiados. En este sentido, el portavoz de IU, Francisco Ríos, agregó que este tipo de organizaciones debería tener la misma representación institucional que los llamados agentes sociales (sindicatos y patronal), puesto que, en la actualidad, casi es lo mismo ser ciudadano que consumidor y se hacen necesarios los mecanismos de autodefensa.

Ríos opinó que la ley no peca de exceso intervencionista o reglamentista (como denunciaron otros grupos), si bien tiene un tono de "tutela" que sitúa a los ciudadanos como "menores de edad", cuando lo que hay que hacer es fomentar el asociacionismo. "De esta forma", dijo, "caminaremos hacia una democracia de ciudadanos y no de partidos, como la que tenemos, lamentablemente".

"Falta de sensibilidad"

Mientras el portavoz del grupo mixto, Ricardo Chamorro, se mostró muy satisfecho con el texto después de que le fueran aceptadas 90 enmiendas, el andalucista Jesús González criticó la "falta de sensibilidad" de Gobernación hacia las asociaciones de usuarios. Según González, tras las modificaciones, la ley es menos mala que la anterior, pero deja "muchas cuestiones en el tintero y es rígida". La socialista Blanca Alcántara destacó que la normativa se convierte en una referencia en España y reflexionó sobre su objetivo: "Si el mercado no se regulariza se convierte en una selva. El PP quiere un mercado sin controles, pero hace falta intervenir para proteger y defender a los ciudadanos".

La ley fue mal recibida por las organizaciones de consumidores. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus consideraron que la ley supone "un serio retroceso político".