La recuperación de junio nace con los padres a favor y los profesores en contra

Hace diez años, los estudiantes de BUP que no habían aprobado el curso en junio, tenían dos oportunidades para recuperar esas asignaturas. Una, al final de curso, en junio, la llamada suficiencia. La otra era la de septiembre. La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgada por los socialistas a principios de los 90, suprimió estos exámenes bajo la tesis de la evaluación continua. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), del Gobierno popular, restituyó en 2003 la convocatoria extraordinaria para acabar con la promoción automática de los alumnos con asignaturas suspensas. Sin embargo, dejó libertad a las autonomías para fijar el calendario.

Andalucía ha situado estos exámenes entre el 23 y el 30 de junio para 2004, días después de los exámenes ordinarios. Cataluña, País Vasco, Canarias y las autonomías socialistas han situado estas pruebas a final de junio. Las fechas son polémicas y éstas son las posiciones de los sectores implicados.

- Junta de Andalucía. La Consejería de Educación justifica el escaso margen entre el final de curso (el 22 de junio de cada año) y la convocatoria extraordinaria (del 23 al 30 de junio). Según Manuel Alcalde, director de Planificación y Ordenación Educación, con estas pruebas tan juntas el profesor "puede recabar información complementaria sobre el aprendizaje del alumno". Alcalde asegura que el examen extraordinario debe ser un una prueba adicional a la información con la que ya cuenta el profesor.

La Junta ve en esta fecha otras dos ventajas. Considera que la organización del curso en los centros es más fácil ya que se llega a septiembre conociendo qué alumnos van a cada curso. El segundo beneficio es de índole social ya que impide que los padres con más dinero puedan pagar profesores particulares durante el verano, lo que, aseguran, discriminaría a los menos favorecidos. La consejera de Educación, Cándida Martínez, insistió ayer en que realizar exámenes en septiembre resultaría "caótico" para los centros, informa Raquel Hernández.

- Profesores. A los docentes no les gustan los exámenes pocos días después los ordinarios. Javier Derrac, de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia), considera esta medida absurda: "Es imposible recuperar unos contenidos en unos días cuando no se han algo después de ocho meses". Apia ha comenzado a recoger firmas en contra de esta iniciativa.

Cristóbal López es un profesor granadino que ha ejercido una década como director de instituto. López considera la medida "una barbaridad sin sentido pedagógico". Éste recuerda que es una medida similar a la antigua suficiencia, que se impuso en los años 70. Frente a la explicación de que los ricos podrán pagarse un profesor y los pobres no, López ofrece otra una idea: "Si quieren hacer labor social, que contraten a profesores para que en verano den cursos y ayuden a estudiar y a los que menos dinero tienen". López considera que este asunto de la economía familiar es una bobada.

López ofrece otra aproximación al por qué de esta convocatoria: "La Junta quiere tener contentos a los padres y necesita asegurarse que el curso empieza el 15 de septiembre. Para eso, debe desalojar completamente el mes y no poner ningún examen".

- Padres. Éste es el único colectivo que apoya a la Junta. La asociación de padres mayoritaria en la enseñanza pública, Codapa, apoya la iniciativa y calca parte de su argumentario de las razones que da la Junta. Codapa se apunta al argumento de las diferencias económicas y sociales. Además considera que la organización de los centros es mejor si las pruebas se hacen en junio.

Otras razones que ofrecen es que "la posibilidad de disponer de un verano libre de obligaciones académicas puede constituir un acicate que estimule el estudio de las materias a examinar en esta prueba de junio" y que estas pruebas permiten que los alumnos tengan tiempo suficiente para determinar sus opciones de matriculación.

- Sindicatos. La gama de descontentos de los sindicatos se mueve entre quienes están muy en contra, como ANPE y CSIF, y quienes están moderadamente en contra, como CC OO. Los dos primeros se muestran radicalmente en contra del traslado a junio de los exámenes. Argumentan su negativa alrededor de la idea de que el alumno necesita más que unos días para estudiar algo que no ha sido capaz, o no ha querido, asimilar en un curso entero.

El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, José Campos, tiene una opinión menos tajante: "Estamos a favor de la autonomía de los centros, ni junio ni septiembre. Que cada uno decida cómo quiere hacerlo".