"El PNV se ha declarado en rebeldía contra la Justicia"

La mayor preocupación de José María Michavila, ministro de Justicia, de 43 años, casado y con tres hijos, es "la indiferencia del mundo nacionalista vasco hacia las víctimas del terrorismo". Una actitud que, según cuenta, le recuerda a la descrita por el escritor judío Stefan Zweig en sus memorias, El mundo de ayer. La madre de Zweig, ya octogenaria, pasó sus últimos años en la Viena ocupada por los nazis. Tenía las piernas débiles, paseaba a diario y debía descansar cada diez minutos. Un día, escribe Zweig, Adolf Hitler, "convertido en amo y señor de la ciudad, proclamó la orden que prohibía a los judíos sentarse en los bancos de la calle, con el único y sádico propósito de martirizar con malicia". Y la reacción de los vecinos de la anciana fue desviar la mirada. Esa indiferencia hacia las víctimas, afirma el ministro, se vive hoy en las calles del País Vasco.

"Hay elementos inconstitucionales en la reforma estatutaria que plantean CiU y ERC"

"El auge económico genera una atracción a la delincuencia; ocurre en toda Europa"

"No descartamos otras respuestas de la Constitución contra el 'plan Ibarretxe"

Michavila admite ahora su empeño en evitar la tramitación del plan Ibarretxe, ya sea por "la vía jurídica o cualquier otra que permita la Constitución", al considerar que la propuesta es claramente inconstitucional.

Pregunta. Desde abril, el Supremo intenta sin éxito que el Parlamento vasco disuelva el grupo Sozialista Abertzaleak. Si el Constitucional admite el recurso y suspende la tramitación del plan Ibarretxe pero el Parlamento vasco sigue adelante ¿Qué piensa hacer el Gobierno?

Respuesta. El PNV se ha declarado en rebeldía contra la Justicia. Pero porque alguien infrinja las normas no hay que renunciar a exigir y a aplicar las normas. Eso desde luego no es lo que el Gobierno va a hacer, sino todo lo contrario.

P. ¿Y qué harán si se sigue tramitando el plan aunque el Constitucional lo suspenda?

R. Tienen la oportunidad de rectificar y hacer bien lo que podían haber hecho bien desde el principio, presentando esa propuesta como una propuesta en sede parlamentaria.

P. ¿Se refiere a que los tres grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno vasco presenten una proposición de ley y con eso se puede tramitar sin problemas?

R. Bueno, con eso empezaría a tramitarse conforme al Estatuto y a la Constitución.

P. ¿No es matar moscas a cañonazos el impugnar una propuesta que, según usted, se puede tramitar con normalidad en el Parlamento vasco si la presentan los grupos que sostienen el Gobierno de Ibarretxe?

R. Es que no es baladí la cuestión. En democracia los procedimientos son esenciales. Un Estado de derecho tiene que hacer que la ley sea igual para todos. Y hacer excepciones a la aplicación de la ley es un grave daño a la convivencia democrática.

P. En el caso de que se siga tramitando el plan Ibarretxe pese a la suspensión del Constitucional. ¿Aplicarán el artículo 155 de la Constitución ["Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general"]?

R. El Gobierno va a seguir actuando con toda serenidad pero con toda firmeza y utilizando todos los recursos del Estado de derecho.

P. ¿Incluido el artículo 155 de la Constitución?

R. Hemos empezado acudiendo a la más jurídica de las respuestas posibles, que es al Tribunal Constitucional. Pero es la primera respuesta, no descartamos otras de nuestra Constitución si fueran necesarias.

P. Los programas electorales de CiU y ERC plantean reformas estatutarias muy similares en algunos aspectos a la que propone el plan Ibarretxe. ¿Considera usted que tendrían algún problema de inconstitucionalidad?

R. Sí, sí, sí, vamos, hay elementos como la quiebra de una justicia igual para todos en España que es claramente inconstitucional. Ahora, aun siendo plenamente inconstitucional, se puede generar un debate y si tiene mayoría suficiente... Porque aquí hay un tema esencial y es que el voto de un andaluz, de un extremeño, de un valenciano, de un vasco, de un catalán, valen igual. Ésa es la esencia de la igualdad.

P. ¿Por qué el PP no se une a la petición socialista en Euskadi de más Estatuto?

R. El PP está pidiendo en este momento sobre todo libertad de pensamiento, de actividad, derecho a llevar a tus hijos al colegio. Y quizás sea la prioridad en este momento.

P. ¿No se pueden pedir las dos cosas a la vez, más libertad y más Estatuto?

R. Bueno, a veces se pueden confundir. Yo creo que cuando todo el mundo piensa en libertad, primero hay que hablar de los derechos que tienen los ciudadanos antes que de las competencias que tienen los políticos.

P. En la fuga de seis peligrosos narcotraficantes, que no comparecieron a juicio tras ser excarcelados después de pasar cuatro años en prisión provisional, ¿qué funcionó peor, el Ministerio del Interior por no vigilarlos o el de Justicia, por no poner medios para acortar los procesos judiciales?

R. Había una mala ley de prisión provisional, o insuficiente, que hemos reformado. ¿Cree usted que en esto se puede sustituir a los jueces o los fiscales? ¿O que los jueces pueden hacer algo contra una ley que es insuficiente?

P. Podrían existir más medios para que un proceso judicial no se dilate durante cuatro años.

R. Lo de los medios es una cantinela muy habitual. En Alcoy hubo un delincuente autoinculpado por tres asesinatos cuyo caso estuvo tres años y medio metido en el cajón de un juez y yo no sé si el que hubiera habido uno, cinco o 20 jueces hubiera resuelto el problema. La cuestión es que la ley debe tener medidas que prevengan que esas cosas no ocurran. Que no pueda estar un señor cuatro años en la cárcel y salga sin ser juzgado. Por eso se ha hecho ahora una reforma de la prisión provisional.

P. Este problema surge hace cuatro años, cuando gobernaba el PP, y estalla ahora, cuando sigue gobernando el PP. ¿Alguna responsabilidad tendrán ustedes?

R. Desde los ochenta viene ocurriendo en este país que personas que están en la cárcel salen de ella sin ser juzgados. Y es por eso por lo que se propone una reforma consensuada el 8 de enero y que se ha aprobado ahora.

P. Anunciaron que con las reformas del Código Penal y de la prisión provisional lograrían barrer de las calles a la pequeña delincuencia. ¿Por qué han subido los atracos callejeros un 7% en Madrid en lo que va de año?

R. Los datos que tengo más recientes son de Cataluña. El número de tirones de bolso en Barcelona ha bajado desde el 28 de abril a hoy un 41%. El número de atracos en vivienda ha bajado un 24%.

P. En Madrid han subido...

R. En Madrid se han celebrado en seis meses el doble de juicios rápidos de los que se celebraron en todos los rincones de España en todos los días del año pasado. Cuando un delincuente sabe que tarda 12 meses en ser juzgado, es más fácil que delinca.

P. En Madrid, los delincuentes no se han debido enterar de esas reformas.

R. Si usted me dice que son ésas las cifras... Lo que yo sé es que era necesaria una justicia penal más rápida, una nueva ley de prisión provisional y un nuevo Código Penal. Teníamos un sistema que era un coladero para el delincuente. El 55% de los delitos que se cometían quedaban impunes.

P. En los primeros cuatro años de gobierno del PP, la población reclusa creció en 1.000 presos, de 44.000 a 45.000; en los últimos tres años y medio ha aumentado en 9.000, de 45.000 a 54.000. ¿A qué se debe?

R. Hay una evidencia, y es que en Europa en estos últimos años, la prosperidad y el crecimiento económico ha generado una atracción a la delincuencia. Esto ha pasado en todos los países de la Unión Europea, afortunadamente España no está en el peor lugar.

P. Usted dice que a más bonanza económica, más delincuencia. ¿Ésa es una ecuación lógica?

R. Si, el crecimiento económico genera que haya quienes vayan a esos lugares a cometer delitos para vivir de los demás.

P. ¿Está satisfecho de cómo ha ido la renovación de la cúpula fiscal tras el nuevo Estatuto Fiscal impulsado por ustedes?

R. Hay algo excepcional. Por primera vez un Gobierno nombra fiscales con pleno respeto a la autonomía del ministerio fiscal, puesto que todos son los que ha propuesto el Consejo Fiscal.

P. ¿Por qué cree que han coincido las decisiones del Consejo Fiscal con los deseos del Gobierno del PP de que el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; y el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, no renovarán sus cargos?

R. Ambos fueron nombrados contra el propio Consejo fiscal. El de Madrid tuvo cero votos. Y luego hay una cosa, en Madrid se ve que era posible una justicia penal rápida. Con el nuevo fiscal se hacen en Madrid el doble de juicios rápidos de los que se hicieron el año anterior.