Exámenes en junio

En el suplemento Aulas de su periódico (EL PAÍS-Andalucía, martes 11 de noviembre, página 10), se informa de que la Consejería de Educación ha decidido que los exámenes de recuperación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se realizarán una semana después de que terminen las clases. La decisión es preocupante para los que nos interesamos por la enseñanza en nuestra comunidad, pero casi más inquietante aún resulta que la consejera, Cándida Martínez, afirme que se trata de una decisión bien meditada. Si las decisiones "meditadas" de la consejera y su equipo siguen esta pauta, es para echarse a temblar. Pues las razones que alega en favor de su decisión bordean en algún caso el ridículo o la cruda demagogia.

La primera razón para no fijar dicha prueba en septiembre, como parecería aconsejable, es que la recuperación de la ESO debe responder al principio de evaluación continua... ¡Y tan continua! A los pocos días de haber suspendido, los estudiantes se enfrentarán a la recuperación, en muchos casos de toda la materia del curso, dado el sorprendente argumento de que la prueba extraordinaria no es ni prueba ni extraordinaria. Así entendida, la evaluación continua supone una recuperación milagrosa. Como no habrá milagro continuo, habrá que elegir entre vaciar de sentido la prueba o que la prueba en junio no tenga ningún sentido.

Pero el mejor argumento de la consejera es indudablemente el segundo, como recoge el titular de la noticia: Las pruebas se hacen en junio para preservar la educación gratuita y evitar la "fractura social". Como oyen: ¡Para prevenir el grave riesgo de ruptura social que supondrían los exámenes de septiembre! Sólo cabe entenderlo en el sentido de que para la consejera, los ricos podrán pagarles clases particulares a sus hijos en verano y los pobres no, con lo que la cohesión social de la sociedad se resentiría. Eso sí, el peligro sólo acecha en verano.

El tercer argumento parece algo más serio: Las pruebas en septiembre podrían retrasar el comienzo del curso. ¿Es realmente imposible organizar tales pruebas entre el 1 y el 15 de septiembre sin que la organización de los centros se resienta? Cabe dudarlo, pero incluso en ese caso podría valer la pena posponer una semana el inicio del curso para ofrecer a los estudiantes y a sus familias una posibilidad real de recuperación del fracaso escolar en la ESO. Pero, a lo mejor, eso es lo que menos importa.

Mala cosa cuando se justifica una decisión importante con argumentos anémicos, que hacen sospechar sobre los verdaderos motivos de la consejería, más interesada quizá en una labor de zapa y oposición a las disposiciones del ministerio que en los problemas reales de alumnos, familias y profesores de la ESO.