"Ibarretxe me ha confirmado con su propuesta que no somos sus jueces"

El magistrado Juan Luis Ibarra (Sopelana, 1948) estrena despacho en el Palacio de Justicia de Bilbao. Tomó posesión el lunes como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior, que el martes dio luz verde a la tramitación del recurso de Álava contra el plan Ibarretxe. Su preocupación se sitúa más allá: la jurisdicción contencioso administrativa y trasladar los "efectos positivos" que en este campo se han materializado en materia de extranjería o en el Derecho Tributario a las resoluciones de la Administración sobre personal o los acuerdos reguladores de empleo.

Pregunta. En su toma de posesión recordó algo que parece de Perogrullo: el sometimiento de las administraciones públicas a la ley. ¿Tan mal estamos?

"No controlaremos la validez jurídica del plan, sino si se han cumplido las reglas"

"Con las críticas de Azkarraga tenemos más problemas de seguridad"

Respuesta. No es que crea que las administraciones públicas no conocen cuál es nuestra finalidad institucional, pero a veces se olvida por efecto de las consecuencias mediáticas de algunos casos.

P. ¿Pensaba en algún Gobierno y acto concretos?

R. No, no. Se trataba sólo de recordar que nuestra función es de control jurisdiccional y que es un objetivo constitucional.

P. Llegar a la presidencia y besar el santo: admisión a trámite del recurso de Álava contra el plan del Gobierno vasco.

R. Es cierto que la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Civil y Penal, con la querella contra Atutxa, Knörr y Bilbao, están concentrando la atención de la sociedad y de los medios. Para nuestra Sala no es inaudito que se nos hagan preguntas jurídicamente difíciles. Y la justicia estadounidense mantiene como principio que en los casos difíciles no hay buen derecho, esto es, que lo que se resuelve está muy pegado al caso concreto, sin vocación de perdurar. A diferencia, por ejemplo, del derecho de extranjería, donde hay mucho derecho de creación judicial.P. Hay quien sostiene que en este momento procesal los recursos contra el plan son un error y quienes, por contra, creen que el Estado debe activar todos sus resortes para frenarlo.

R. El Contencioso Administrativo no controla la validez jurídica del plan, sino si en los momentos anteriores a la adopción del acuerdo de Gobierno se ha cometido alguna infracción en cuanto a los elementos reglados para la elaboración del anteproyecto para reforma del Estatuto. Vemos el cómo, no el qué. Y la Sala ha decidido abrir un procedimiento por este motivo con la oposición de dos magistrados de cinco en una resolución desde estrictos parámetros jurídicos. Con todo, los juristas no debemos pensar que el riesgo de equivocarnos no es muy alto, más aquí por la presión ambiental existente. Pero nuestras equivocaciones son revisables y al final será el Supremo el que siente criterio.

P. ¿Lo que está detrás no es si ésto se debe ventilar por la política, por la sociedad?

R. La sociedad debe entender que en democracia, el procedimiento y el fondo, o lo político y lo jurídico, son imposibles de deslindar. Y creo que los temas de procedimiento, como éste, son muy propios de juristas.

P. Le preguntaba más si es la sociedad la que debe decidir.

R. La reforma del Estatuto tiene que estar en manos de la ciudadanía, debe ser sancionada en referéndum por la sociedad. Pero si al final se trata de una reforma constitucional, lo que hay que decir primero es que el Gobierno vasco no puede impulsarla y, segundo, que quien decide es el pueblo español.

P. ¿Esa frontera entre lo jurisdiccional y lo que no lo es la han sobrepasado con sus declaraciones destacados representantes de los altos tribunales?

R. En la democracia en la que piensa la Constitución, la opinión pública tiene un papel muy grande. Y creo que requeridas estas personas para dar una información puede ser que a veces se equivoquen. No tengo razones para pensar que exista ninguna intención torticera.

P. No torticera, pero entre callar y hacer un llamamiento a los jueces a no "quedarse impasibles" ante el plan Ibarretxe...

R. La responsabilidad institucional de los jueces está absolutamente vinculada con el imperio de la ley y no a la legitimidad de la oportunidad. Los jueces sólo debemos jugar a que pueda ser reconocido el mejor de los argumentos jurídicos. Y lo contrario sería mistificar la división de poderes y caer en una grave irresponsabilidad. Si por no quedarse impasibles lo que se quiere expresar es un compromiso militante, activo del juez por remover obstáculos que impidan la libertad y la igualdad, creo que ese juez está dentro de la Constitución.

P. El enfrentamiento entre el Departamento de Justicia y el Poder Judicial ha alcanzado cotas y lenguajes tremendos.

R. Las cotas alcanzadas son gravísimas. Las palabras de Azkarraga han sido entendidas por el Consejo y por muchos jueces vascos como ataques a la independencia judicial. La legitimación social de la judicatura en el País Vasco ha salido perjudicada y la seguridad personal también. A partir de esas palabras, tenemos más problemas de seguridad respecto de la amenaza terrorista. En esto tendría que poner orden el propio lehendakari. La documentación que se interviene a los comandos revela que hay una influencia entre lo que se dice por políticos y gobiernos y lo que se decide por ETA. Y, sobre todo, cuando los terroristas asesinaron a Lidón en 2001. Si no lo entienden habría que calificar su actuación de deplorable. Unos jueces que, por sus problemas de seguridad, tienen que actuar detrás de un burka de seguridad, y su posibilidad de relacionarse con la sociedad y de hacer bien su trabajo se ve menguada. Urge la proyección de un pacto de Estado por la justicia.

P. Cuando ETA mató a Lidón usted dijo que, por su memoria, había que "clausurar el Pacto de Lizarra".

R. Aún seguimos instalados en la judicatura en los años de plomo. La situación no es sustancialmente diferente a la iniciada en 1997 cuando HB formula lo del Poder Judicial propio.

P. ¿Cómo encaja el plan Ibarretxe ahí?

R. Tras lo de Lidón, le reclamé al lehendakari que nos reconociera como sus jueces. Y me siento frustrado. Creo que su propuesta confirma que no somos sus jueces. Ibarretxe propone una jurisdicción especial en donde no caben los jueces que estamos ahora aquí. Si hay un poder descentralizado, ése es el Judicial, luego ése no puede ser el argumento para cambiar el modelo.