Las eléctricas advierten de que subirá la tarifa

La próxima entrada en vigor de la directiva de comercio de emisiones de CO2 ha desatado los nervios en el sector eléctrico. Las empresas, que, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, sobrepasan ampliamente en conjunto los objetivos pactados en el Protocolo de Kioto (en 2001 emitieron a la atmósfera 85,1 millones de toneladas de CO2, un 31% más que en 1990) temen que la cuestión medioambiental afecte a sus resultados.

En este contexto, las compañías, bien es verdad que divididas (Iberdrola, la menos contaminante, va por libre), se han lanzado a elaborar informes que alertan sobre las consecuencias de aplicar estrictamente lo pactado. En lenguaje llano, tratan de arrimar el ascua a su sardina y convencer a la Administración (en concreto al secretario de Estado de Energía, José Folgado) de que debe ser comprensivo y autorizar unos derechos de emisión que garanticen la rentabilidad del sector. De lo contrario, advierten, no quedará otro remedio que encarecer su producto (el kilovatio) y trasladar ese encarecimiento al usuario.

Las eléctricas presionan a la Administración para que autorice un nivel de emisiones que garantice la rentabilidad del sector

Según los estudios elaborados por Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico, "una aplicación inadecuada [es decir, estricta] de la directiva de emisiones en el sector eléctrico" podría suponer "subidas en los precios del mercado mayorista de entorno a 10 euros por megavatio/hora, lo que supondría un impacto del 10%-15% sobre la tarifa eléctrica, con la distorsión consiguiente del funcionamiento del sistema".

Para evitar ese impacto en una de las zonas más sensible de la ciudadanía, el bolsillo, las eléctricas piden el derecho a disponer de una asignación de emisiones de 270 millones de toneladas anuales de CO2 para el periodo 2005-2007, que se corresponderían con una utilización media de carbón (crucial para Endesa) de unas 6.000 horas al año frente a 3.570 horas de ciclos combinados (menos contaminantes) que funcionan con gas natural. A los 270 millones de toneladas habría que añadir, según los deseos de las eléctricas, 12 millones de toneladas más "para cubrir el riesgo hidráulico" en caso de escasez de lluvias.

Frente a las peticiones del frente eléctrico (excepto Iberdrola, de momento), otros sectores y empresas (por ejemplo, la industria siderúrgica) exigen el cumplimiento estricto de lo negociado en su día por la Administración y ratificado en el Parlamento. Su argumento es simple: si se abre el mercado de derechos de emisión, en el que las empresas que hayan hecho más esfuerzo para reducir emisiones podrán vender derechos sobrantes a las empresas más "sucias", no debe haber favoritismos.

Toda la pelea recién esbozada se produce cuando aún no ha sido traspuesta a la legislación española la directiva de Comercio de Emisiones. En teoría, la trasposición debería realizarse antes del 31 de diciembre de este año, pero, según el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige la tramitación, los primeros documentos no estarán listos hasta bien entrado 2004.