Los abogados denunciaron al Síndic la supuesta vulneración de la ley por el fiscal de menores
A un joven penado por robo se le abrieron diligencias por el mismo hecho un año después
Fernando Alandete, decano del Colegio de Abogados de Valencia, y el resto de la junta de gobierno de la institución ratificaron ayer la "obstrucción al ejercicio del derecho a la defensa de los menores por parte del fiscal coordinador de menores, Manuel Dolz". El Colegio de Abogados trasladó en agosto más de una docena de quejas contra la fiscalía y otras instancias al Síndic de Greuges, que dijo incorporarlas a un seguimiento que estaba haciendo y que en octubre trasladó, según fuentes judiciales, al Defensor del Pueblo. El fiscal Manuel Dolz rechaza las acusaciones.
El pasado mes de agosto, el Colegio de Abogados trasladó al Síndic de Greuges más de una docena de casos trasladados al órgano colegiado por abogados que asisten a menores. En ellas se ponía en conocimiento supuestas irregularidades en la atención a los menores que están en centros -gestionados por Diagrama- tras haber sido juzgados y vulneraciones de derecho a la defensa, bien por actuaciones policiales, bien por actuaciones de la fiscalía de menores, según fuentes del Colegio de Abogados. El Síndic de Greuges dio acuse de recibo anunciando que incorporaba la información a la investigación 10.907 que ya tenía abierta sobre el particular. El pasado mes de octubre, según las mismas fuentes, el Síndic comunicó que la información remitida por el Colegio de Abogados se trasladaba a la oficina del Defensor del Pueblo, desde la que ayer no pudieron confirmar si había o no llegado ya a su poder.
Muchas de las quejas, según la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, habían sido previamente comunicadas al fiscal coordinador de menores, Manuel Dolz, y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Beltrán. En rueda de prensa, Fernando Alandete, decano del Colegio de Abogados de Valencia, acompañado de los miembros de la junta de gobierno de la institución a la que representa, reiteró la denuncia de "obstrucción al ejercicio de defensa de los menores por parte del fiscal coordinador". Esa denuncia fue hecha a través de un comunicado el pasado jueves. Ante ella, Manuel Dolz anunció que se reservaba las acciones legales que correspondieran, que las acusaciones del Colegio de Abogados eran "injurias" y "calumnias" y que la respuesta la daría, en todo caso, ante un tribunal. Además, Beltrán expresó su apoyo a Dolz y el de sus superiores. Ayer la Fiscalía no precisó si los hechos serían trasladados a otras instancias ni cómo se canalizarían judicialmente las acciones contra las manifestaciones del Colegio de Abogados. En cualquier caso, Alandete dijo ayer que no le preocupaba en absoluto que Dolz acudiera a los tribunales porque de cada una de sus manifestaciones tiene documentación y porque los abogados acuden "cada día a los juzgados", y ya saben "lo que es".
A modo de resumen, Alandete agrupó las quejas en: vulneración de los derechos de los menores durante la fase de detención en dependencias policiales o cualquier otro centro de detención; falta de coordinación entre la fiscalía y el juzgado de menores; falta de asistencia del letrado al menor en la fase de instrucción por la actuación de la Fiscalía; negativa de la Fiscalía a facilitar fotocopias a los letrados en las actuaciones en fase de instrucción; imposibilidad de los letrados de intervenir en las diligencias de investigación; y duplicidad de actuaciones.
Condena
El Juzgado de Menores número tres de Valencia condenó en octubre de 2002 a un menor por robo con arma blanca a tres meses en régimen semiabierto y nueve meses de tratamiento. El pasado 21 de octubre, un año después de aquella condena, el juzgado trasladó al abogado de dicho menor la calificación del fiscal y la apertura de juicio oral por los mismos hechos. La coincidencia de que el abogado fuera el mismo y un detalle sobre el arma que utilizó en aquel robo sirvieron al letrado para advertir que se trataba del mismo caso. Solicitó al juzgado el sobreseimiento de la causa porque se iba a juzgar de nuevo un hecho por el que el menor ya había sido condenado, y se comunicó la confusión al fiscal coordinador. De momento, según el Colegio de Abogados, no ha habido respuesta.
La junta de gobierno del Colegio de Abogados afirmó ayer que en sucesivas ocasiones ha trasladado a Manuel Dolz quejas por vulneración de los principios de bilateralidad, igualdad procesal, contradicción y defensa. Y, según las mismas fuentes, siempre ha contestado en sentido negativo. Manuel Dolz no quiso ayer hacer valoraciones sobre las manifestaciones vertidas por el Colegio de Abogados y se remitió a las posibles acciones legales que emprenda.
