Aguirre quiere reducir el poder municipal sobre urbanismo para "evitar 'pelotazos"

Esperanza Aguirre, presidenta electa de la Comunidad de Madrid, planea retirar a los ayuntamientos su principal facultad: la de ordenar el territorio. Aguirre pretende reformar la Ley del Suelo para "reducir a la mínima expresión" la posibilidad de que los alcaldes puedan recalificar el suelo. Para lograrlo propone una reforma legal, la convocatoria de una mesa que alcance un pacto con los alcaldes de la región y la elaboración de un mapa del suelo de la Comunidad a cargo de un comité de expertos. Según Aguirre, estas medidas terminarían con "los pelotazos y la especulación".

La presidenta electa de la Comunidad de Madrid está dispuesta a reducir el poder que ahora ejercen los alcaldes para realizar los planes generales de urbanismo de cada uno de sus municipios. Así se desprende de sus declaraciones realizadas ayer durante la segunda jornada del debate de investidura en la Asamblea madrileña. Aguirre reiteró su intención de "reducir a la mínima expresión la discrecionalidad de las administraciones en el planeamiento urbanístico, para evitar pelotazos, operaciones especulativas o fraudulentas". "Si todo el suelo está ya calificado será imposible recalificarlo", razonó.

La titularidad de la competencia para realizar planes generales de ordenación urbana, en los que se define qué suelo es urbanizable y cuál no, recae en los ayuntamientos. La Comunidad autónoma sólo puede dar el último visto bueno, autorizar o denegar esos planes diseñados por los alcaldes.

De hecho, durante la comisión de investigación del caso Tamayo subieron al estrado todos los implicados en un supuesto caso de corrupción inmobiliaria que habría tenido lugar en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón -entre ellos, el ex alcalde Pablo Zúñiga y el redactor del plan, el arquitecto Leopoldo Arnaiz-. Ese plan fue rechazado hasta tres veces por el entonces consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, y nunca llegó a ponerse en marcha.

El "lápiz" del cargo público

¿Cómo puede entonces Aguirre llevar a cabo su intención de recalificar todo el suelo de golpe y limitar la discrecionalidad de los alcaldes? La presidenta no ha detallado su plan, pero ha dado pistas. Según Aguirre, "la nueva ley [que prepara su equipo] atribuirá los derechos [de edificabilidad en cada terreno]": "No queremos que dependan del lápiz de un cargo público.Mis esfuerzos se dirigirán a conseguir el máximo consenso posible para modificar y desarrollar la Ley del Suelo".

Esta modificación legal supondría un nuevo revés a la política desarrollada por el ex presidente y alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que aprobó su Ley del Suelo en julio de 2001.

Aguirre y su equipo saben que la propuesta plantea un conflicto de competencias que, o bien podría atar de manos a los alcaldes en una de las más importantes atribuciones que poseen -la planificación del suelo- o bien produciría continuos contenciosos entre las administraciones local y autonómica. Por eso, la presidenta electa insistió en la necesidad de "convocar a todos los ayuntamientos a la firma de un gran pacto del suelo". Pero Aguirre deberá sentar en esa mesa de negociación a 61 alcaldes de PSOE e IU y 30 independientes, de los 179 municipios que existen en la Comunidad, por lo que la firma de ese pacto podría complicarse.

Según los planes de la presidenta, de esta cumbre municipal de negociación deberá salir un "mapa definitivo del suelo calificado para toda la Comunidad de Madrid", en el que los suelos susceptibles de ser edificados "serán todos aquellos que no se califiquen como protegidos".

Una nueva colisión con Ruiz-Gallardón, que ya elaboró algo parecido en su primera legislatura: el plan de estrategia territorial diseñado por Pedro Ortiz, director general de Urbanismo de Luis Eduardo Cortés. Siguiendo este plan se urbanizaron municipios como Arroyomolinos, Navalcarnero y Sevilla la Nueva.

Para la modificación de la Ley del Suelo, Aguirre quiere contar con una "comisión de expertos de reconocido prestigio que establezca las líneas de la urgente reforma". Una reforma legislativa encaminada no sólo a limitar la actuación de los ayuntamientos en el planeamiento urbanístico, sino a "garantizar el cumplimiento de los plazos de todos los procesos de planeamiento y desarrollo urbanístico por parte de las administraciones".

El portavoz del PP, Antonio Beteta, recordó en su discurso de ayer, en la segunda jornada del pleno de investidura, que la política de suelo propuesta por Esperanza Aguirre supone la creación de una nueva consejería que llevaría el nombre de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. Y manifestó que todo el planeamiento urbanístico de la región se realizara con un escrupuloso cuidado del medio ambiente. Aseguró que "el precio de la vivienda se deriva de la carestía del suelo" y ofreció como soluciones otros planes del programa de Aguirre: la "reducción de cargas opacas que tiene el suelo" y la "agilización de los trámites y los plazos" que siempre tiene que soportar el comprador.

La guerra de los impuestos

Beteta centró gran parte de su discurso en la política económica y de Hacienda que la nueva presidenta pretende llevar a cabo. "Los impuestos me son muy queridos", manifestó quien fuera consejero del ramo con Ruiz-Gallardón. Previamente, el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, acusó al PP de realizar unas reducciones de impuestos ficticias que "benefician a los que más tienen". Beteta replicó que "el PP ha bajado ya en dos ocasiones el IRPF a nivel nacional: un 35% para las rentas más bajas y un 6% para las más altas, de modo que la rebaja media es del 25%". "El PSOE no sabe analizar la realidad, les recomiendo que estudien un poquito", concluyó.

El portavoz del PP también se refirió al impuesto de sucesiones que Aguirre piensa eliminar entre padres e hijos y cónyuges. "Eliminamos este impuesto no para beneficiar a los ricos, como nos acusa la oposición. La herencia media en Madrid es de 33.000 euros. Se puede decir que estamos favoreciendo a la clases medias y a los trabajadores, no a los ricos. Hay que saber los datos antes de opinar", afirmó Beteta.

La presidenta electa insistió en su promesa de rebajar en un punto el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF). Precisó que es "un compromiso de legislatura", o sea, que entrará en vigor en algún momento de aquí a 2007 (no supo especificar cuándo), y afirmó que no sabe aún si la rebaja será de un 1% para todos los contribuyentes, al margen de cuál sea su nivel de renta, o de un 1% de media. En este caso, los contribuyentes con rentas más bajas tendrían más descuento.