La Iglesia exige soluciones a la "grave situación" de 400 inmigrantes en Ceuta

La Vicaría General de Ceuta ha exigido a la Administración que le ayude a costear la atención que presta a los 260 subsaharianos acogidos desde hace casi dos meses en un antiguo colegio propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. Y es que la Iglesia no puede más. Desde el 6 de octubre ha estado ofreciendo recursos "excepcionales" para atender al colectivo de personas que reside fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), "contando sólo y exclusivamente con los medios económicos, materiales y humanos de la propia Iglesia", explica el vicario general de la Diócesis, Francisco Correro.

En la manutención y acogida de los subsaharianos, la Iglesia ha gastado en este tiempo más de 12.000 euros. "Nosotros seguiremos atendiéndolos mientras podamos, pero es que además del problema económico hay otro de recursos humanos", indica. Además de este colectivo hay otros 200 inmigrantes que duermen a la intemperie, según Médicos Sin Fronteras.

La Comisión Diocesana de Migraciones de Ceuta ha colaborado tradicionalmente en el alojamiento y manutención de los inmigrantes. Por ello, a principios de octubre , "y ante la situación de desamparo y abandono en la que se encontraba un amplio grupo", la vicaría decidió habilitar de manera urgente el comedor social que gestionan los franciscanos de la Cruz Blanca, así como los locales de la Comisión de Migraciones para acoger a unos 80 subsaharianos. "En pocas semanas hemos pasado a atender a más de 260 personas. Por eso nos vimos en la obligación de cerrar el centro de día y sólo abrirlo a partir de las siete de la tarde", señalan.

Tres días después, el 9 de octubre, ante la persistencia de las fuertes lluvias "y viendo que la Administración responsable no tomaba medidas", el vicario decidió ir más allá. Abrió las puertas del antiguo colegio San Antonio, que el obispado había cedido al Ministerio de Educación y Cultura como centro de educación especial y que entonces estaba vacío. En sus siete aulas se alojó a los hombres, mientras que un grupo de 19 mujeres fue trasladado hasta la residencia de las Carmelitas de Vedruna.

La situación dentro del edificio es muy precaria, entre otras cosas porque la escuela cuenta con una sola ducha y cuatro inodoros. La gran cantidad de inmigrantes que ha llegado hasta el centro en las últimas semanas ha obligado incluso a extender decenas de colchones en el suelo. La Iglesia entiende que estas soluciones "son muy precarias", pero también que no se está dando la respuesta debida a este colectivo "debido a los escasos y limitados recursos con los que contamos". Es por ello por lo que reclama que la Administración, en este caso la Delegación del Gobierno, ofrezca una respuesta "puesto que el problema actual tenderá a agravarse y a afectar a la propia vida diaria de la ciudad". Pero ya está afectando. De hecho, los dirigentes vecinales de los cuatro barrios más próximos al antiguo colegio, en la periferia norte de Ceuta, ya han mantenido encuentros con la Delegación del Gobierno, a cuyos responsables han advertido de que la presencia de los inmigrantes en la zona está repercutiendo en su vida cotidiana.

"Nosotros no pedimos papeles para todos, pero sí que la Administración ponga en marcha los mecanismos necesarios, incluido el sanitario, para ofrecer una respuesta humanitaria, digna y justa a todos los inmigrantes que se encuentren en situación de desamparo en Ceuta".

La Delegación del Gobierno evitó ayer responder a la denuncia de la vicaría general.

También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reiteró ayer su preocupación por la situación de los solicitantes de asilo en la ciudad autónoma.

1.397 solicitudes

El representante de ACNUR en España subrayó que Ceuta se ha convertido en la segunda ciudad española, después de Madrid, en el número de solicitudes, con 1.397 a 7 de noviembre, "cifra que ya ha cuadriplicado las que se presentaron en 2002 [272]", subraya su representante, Carlos Boggio. En lo que va de año, sólo el 18% de las solicitudes de asilo presentadas en Ceuta han sido admitidas a trámite, según datos del Ministerio de Interior.

Por otra parte, los siete guardias civiles detenidos en Ceuta por su presunta implicación en una trama de corrupción y sobornos a inmigrantes irregulares han ingresado en la prisión militar de la ciudad autónoma después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4, encargado de las diligencias, ordenara su reclusión como medida cautelar y tras ser acusados formalmente de cohecho y de omisión del deber de perseguir delitos.

Los siete guardias civiles, seis agentes y un sargento de la Compañía Fiscal, prestaron declaración en el Palacio de Justicia hasta la medianoche del miércoles, desde donde fueron trasladados en un furgón de la Guardia Civil hasta el módulo de reclusión del Gobierno Militar, en el acuartelamiento de Viña Acevedo de Ceuta, dada la condición militar de los siete guardias. La investigación, llevada a cabo por una veintena de agentes de asuntos internos, continúa abierta y ha permitido además la detención de tres civiles, entre ellos un ciudadano marroquí, que también han prestado declaración en los juzgados.