Los socios privados de Limasa se quedarán sin derecho a plusvalías

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, del PP, incluirá un anexo en el acuerdo alcanzado con las empresas privadas que son socias del consistorio en la compañía concesionaria del servicio de limpieza para que éstas se queden sin derecho a las plusvalías urbanísticas que pueda generar la venta de los terrenos de la actual sede, tras reconocer que "olvidó" incluir esta condición en el pacto.

El equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre reconoció ayer este olvido en la comisión informativa en la que se debatíó el acuerdo alcanzado con los socios privados para la mejora del servicio y anunció que llevará a pleno un documento anexo en el que se especificará la renuncia de las empresas privadas a las plusvalías urbanísticas.

La respuesta del PP disipó las dudas de la oposición, que exigió la inclusión de esta cláusula en el acuerdo, y que había mostrado sus sospechas de que los socios privados del Ayuntamiento en Limasa hubieran aceptado algunas de las condiciones impuestas por el ayuntamiento a cambio de las ganancias que podrían obtener de la venta de los terrenos de la actual sede de la compañía, más aún cuando fueron las propias empresas las que propusieron esta renuncia en la última oferta de negociación que hizo al Ayuntamiento el pasado agosto para evitar la rescisión del contrato.

Con todo, los dos grupos de la oposición municipal, IU y PSOE, volvieron a expresar ayer su rechazo al acuerdo entre el el alcalde y las empresas privadas que supone que no se ejecutará el acuerdo adoptado por el pleno municipal el pasado 8 de abril para la liquidación de la sociedad y la municipalización transitoria del servicio hasta la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación.

Ambas formaciones recordaron que los motivos de aquel acuerdo, amparado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, se adoptó por unanimidad por los incumplimientos de la empresa en la prestación de los servicios de limpieza urbana y recogida de basuras. La oposición entiende que no hay garantías de que la empresa cumpla sus compromisos, especialmente los que aparecen reflejados de forma más ambigua como la mejora de la calidad del servicio, ya que durante dos años ignoró las directrices del consistorio. Un ejemplo es la destitución del gerente, comprometida en junio de 2002 y que aún no ha sido efectiva.

La empresa se ha comprometido ahora al relevo. El acuerdo, que se aprobará en pleno el viernes, incluye una reforma de los estatutos para igualar la representación de ambas partes en el consejo de administración, en el que el alcalde tendrá voto de calidad.