El baile de las alianzas

LAS ENCUESTAS PREELECTORALES de los comicios autonómicos convocados para hoy, domingo, permiten adelantar que la época de las mayorías absolutas ha terminado en Cataluña y que existen varias combinaciones de gobierno posibles en las que participarían -de forma separada o conjunta- el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Convèrgencia i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Si el liderazgo del dimisionario Jordi Pujol permitió a CiU obtener la hegemonía parlamentaria en las convocatorias de 1984, 1988 y 1992, el desgaste del poder arrebató la mayoría absoluta a la coalición nacionalista en 1995 y 1999, aunque pudiera seguir gobernando en solitario gracias al apoyo prestado por el PP en la Cámara. Los sondeos parecen confirmar los cambios anunciados ya por las elecciones municipales del pasado 25 de mayo: la bipolarización entre CiU y PSC dejaría paso a un reparto menos desequilibrado a favor sobre todo de ERC y de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).

El sistema político de Cataluña, formado por cinco partidos con capacidad teórica para pactar entre sí, dificulta los pronósticos sobre los resultados de unos comicios especialmente competidos

Si las urnas imitasen hoy a los sondeos, el sistema político de Cataluña regresaría en buena medida al mapa de los primeros comicios autonómicos, en 1980: un formato de cinco partidos marcado -según la conocida tipología de Giovanni Sartori- por un pluralismo limitado y moderado. La sustitución de UCD por el PP y del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) por ICV sería la única modificación en el terreno de las siglas. Pero también ha cambiado la correlación de fuerzas dentro del modelo: según la mayoría de los sondeos, ni los populares ni ICV alcanzarían hoy el nivel logrado en 1980 por los centristas y por los comunistas.

En ese renovado sistema pentapartito, abierto a casi todas las coaliciones imaginables, el PP desempeña el papel de patito feo en el estanque de los acuerdos, entre otras razones por su negativa a discutir siquiera la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía de 1979. A CiU no le resultaría cómodo repetir su alianza parlamentaria de la pasada legislatura con los populares incluso aunque la aritmética de escaños -cosa improbable- se lo permitiera; aún menos imaginable sería un pacto entre CiU y ERC que necesitase para cuajar del respaldo o la abstención del PP en la Cámara. El arte combinatorio puede jugar con los restantes partidos, incluido un entendimiento bilateral entre CiU y PSC. La fórmula victoriosa no dependerá sólo de saber qué jinete cruza antes la meta y qué distancia le separa del caballo colocado. El régimen electoral catalán, dividido en cuatro circunscripciones de población desigual, posibilita además que el partido más votado quede el segundo en escaños: así, en 1999 los sufragios sumados de PSC e IC -con listas separadas en Barcelona, pero coligados en Tarragona, Lleida y Girona- derrotaron a CiU, pero sacaron un escaño menos.

Todo parece indicar que CiU y PSC -está vez sin coalición con IC- se disputarán hoy la presidencia de la Generalitat a cara de perro. Su pujante ascenso en las municipales y en los sondeos da fundamento para pensar que ERC tendrá la llave capaz de inclinar la balanza a favor del convergente Artur Mas o del socialista Pasqual Maragall. Una victoria desahogada del PSC sobre CiU en términos de voto popular -aunque se produjese de nuevo la distribución asimétrica de diputados y de sufragios de 1999- favorecería un acuerdo tripartito con ERC e ICV. El PP teme más esa posible combinación -denunciada de antemano como una materialización de la conjura rojo-separatista- que el frente nacionalista que pudieran formar CiU y ERC solos o con la eventual abstención de los populares. Pero esa paradójica preferencia del PP por la España rota antes que roja no se explica por razones ideológicas, sino por los efectos de las elecciones catalanas sobre las legislativas: si Rajoy no alcanzase la mayoría absoluta en 2004, la pérdida de la Generalitat en beneficio del PSC dificultaría al máximo que los diputados de CiU pudieran votar la investidura del candidato popular.