El Ayuntamiento de Estepona da carpetazo a la investigación sobre un convenio de Gil Marín

El PSOE y el PP dieron ayer carpetazo a la creación de una comisión de investigación que pretendía esclarecer las supuestas presiones sufridas por la ex alcaldesa de Estepona, Rosa Díaz, a manos del presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, para que apoyase un convenio urbanístico de Jesús Gil Marin. La corporación en pleno decidió, por unanimidad, dejar sobre la mesa la propuesta, que de haber ahondado en otros polémicos acuerdos inmobiliarios podría haber salpicado a ambas formaciones. Sí se acordó remitir a la Fiscalía las declaraciones de Díaz.

Este resultado imprevisto se basó en una moción del secretario municipal, que adujo que el Ayuntamiento no es competente para constituir la comisión.

La investigación sobre la venta de la Explanada Ganada al Mar realizada por Jesús Gil Marín a la empresa Marín Hilliger dos días antes de abandonar la alcaldía murió ayer antes de nacer. PSOE, PP, PES (antiguos ediles del GIL), IU y PA aprobaron por unanimidad dejar sobre la mesa la constitución de una comisión, integrada por todos los partidos, para aclarar las acusaciones de Díaz contra Ramírez.

La ex alcaldesa sostuvo hace dos semanas que el presidente del PP malagueño la había "presionado" para que su partido votase en pleno contra la anulación de la venta de estos terrenos de 35.163 metros cuadrados, situados junto al Puerto Deportivo.

El debate sobre este asunto duró tan solo diez minutos, el tiempo justo para que el secretario municipal, Gustavo Rubio, presentase una moción, a petición del alcalde Antonio Barrientos (PSOE), en la que se establece que el Ayuntamiento carece de "competencias legales" para investigar este asunto, dado que "uno de los posibles aludidos no forma parte de la Corporación y podría tener incluso un fuero jurisdiccional específico". Rubio, que alegó falta de tiempo para analizar más los hechos, añadió durante su intervención que el "Ayuntamiento no puede entrar bajo ningún concepto en temas internos de un partido político".

Tras la exposición, todos los grupos se mostraron de acuerdo en dejar aparcado un tema sin duda embarazoso, sobre todo teniendo en cuenta que el que firmó la venta de la Explanada Ganada al Mar fue el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, coaligado ahora con el PSOE, y que el PP cuenta también con ex concejales del GIL en sus filas. Sí se aprobó, por el contrario, remitir a la Fiscalía las declaraciones y el vídeo de la rueda de prensa de Rosa Díaz, para que abra diligencias. Díaz, que minutos antes del pleno dijo a este periódico que pediría la comparecencia de Ramírez, negó durante su breve intervención haber acusado al presidente provincial del PP de estar detrás de una trama urbanística.

Lo cierto es que el resultado del pleno dejó perplejo a más de uno. Barrientos se escudó en que ha solicitado al secretario municipal que "profundice" en el asunto y busque una "figura análoga". El alcalde, que ofreció una rueda de prensa antes del pleno, aseguró que no tiene nada que ocultar, y mantuvo que "no hubo nada ilegal" en las conversaciones con Marín Hillinger para poner fin al pleito. Pero sobre todo repitió su intención de negociar con la promotora la venta "a precio real" de la finca y evitar la subasta pública, ello en contra del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que pidió además que se exigieran responsabilidades a las personas que vendieron la parcela, uno de ellos Crespo.

Según Barrientos el acuerdo con la promotora sería la "fórmula más beneficiosa" para el municipio "desde el punto de vista económico y urbanístico". Recordó que los terrenos tienen una hipoteca de 3,6 millones de pesetas y están inscritos en el Registro a nombre de Marín Hillinger, y advirtió que el Ayuntamiento podría perder el pleito. También retó al concejal del PP, Ignacio Mena, a un "careo público ante los medios de comunicación" para tratar sobre las "donaciones" de la constructora cordobesa Prasa.