La juez Palacios rechaza investigar la denuncia del accidente del Yak-42
Considera que el caso no es competencia de la Audiencia Nacional
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decidió ayer rechazar la denuncia para investigar una presunta negligencia en el accidente aéreo del Yak-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el pasado 26 de mayo, en el que murieron 62 militares españoles. La magistrada, de acuerdo con el criterio de la fiscalía, considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos denunciados.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 pretendía que la Audiencia investigase las circunstancias en las que se produjo el accidente, por entender que responsables del Ministerio de Defensa hicieron dejación delictiva de sus obligaciones al obviar los más elementales controles e inspecciones del avión siniestrado.
Para la Asociación, el departamento de Defensa habría incurrido en una serie de irregularidades administrativas en la contratación del medio de transporte empleado, así como incumplido las normas sobre investigaciones e informes técnicos tras el accidente, creando desconcierto sobre las circunstancias del siniestro. Los hechos, para los denunciantes, podrían constituir un delito de comisión por omisión de imprudencia o negligencia.
Sin embargo, la juez Palacios rechaza la denuncia por falta de competencia, sin entrar a considerar si las irregularidades denunciadas ocurrieron o no y si contribuyeron de manera determinante al accidente de la aeronave.
La magistrada destaca que lo relevante en el caso es que las presuntas irregularidades atribuidas a responsables del Ministerio de Defensa se habrían cometido en España y por tanto su investigación no corresponde a la Audiencia Nacional.
Recurso de las familias
Las restantes irregularidades denunciadas -presunta alcoholemia de la tripulación- tampoco son competencia de la Audiencia Nacional, según la magistrada, pues los tripulantes eran ciudadanos ucranios y la Audiencia Nacional sólo es competente para enjuiciar delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La resolución de la juez no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de reforma y, subsidiario, de apelación, en un plazo de cinco días.
Eudald Vendrell, abogado de los familiares de los militares fallecidos, anunció ayer que recurrirá la decisión judicial, informa Europa Press. El letrado entiende que se ha provocado "indefensión" a la Asociación, pues la juez debería haber señalado "cuál es el tribunal competente" y remitir al mismo la denuncia. "Es un requisito esencial", dijo Vendrell. "Admite que puede haber delito, pero se abstiene" de actuar, agregó. El letrado indicó que, antes de presentar la denuncia en otra sede judicial, esperarán a la respuesta que la Audiencia Nacional dé a su recurso.
De su lado, el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, pidió ayer respeto a la decisión de la juez Palacios y reclamó que no se politice el asunto. El ministro agregó que está abierto al diálogo con las familias de los fallecidos para reparar el daño en lo posible.
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