El número de menores delincuentes internados en reformatorios aumenta un 70% respecto al año pasado

Los reformatorios madrileños albergaban a 186 menores autores de delitos graves a finales del mes pasado, un 70% más que hace un año, cuando había 109 internos. Según el consejero de Servicios Sociales en funciones, José María Alonso Seco, el incremento se debe a que en los últimos meses la Fiscalía de Menores ha ordenado numerosos internamientos en reformatorios de delincuentes que no habían superado los 18 años de edad. La mayoría de estos jóvenes están internados en régimen cerrado (109) y sólo 77 en régimen semiabierto.

"La situación más crítica se dio en septiembre, cuando en 12 días la fiscalía nos derivó a unos cuarenta chicos para internarlos en nuestros centros", asegura Alonso Seco. Según éste, cumplir el mandato del ministerio público les ha obligado a hacer malabarismos, ya que las 151 plazas en reformatorios de la región se han quedado cortas. "Hemos tenido que utilizar provisionalmente el centro de protección de menores de Vista Alegre (Carabanchel) para internar a estos chicos y habilitar alguna plaza más en los ocho centros de reforma que ya existen", relata el consejero.

Pero Servicios Sociales reconoce que estas medidas sólo sirven para salir del paso, por lo que planea crear 95 nuevas plazas en reformatorios para el primer semestre de 2004. La mayoría (60) estarán en un centro de alta seguridad, previsto junto a la cárcel de Valdemoro, en unos terrenos que la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil ha permutado con el Ayuntamiento de la localidad.

Otras 15 plazas se obtendrán gracias a la ampliación del reformatorio de El Pinar (Fuencarral), ahora con 40 internos, y las 20 restantes se habilitarán en las instalaciones de una orden religiosa ubicada en la capital. Servicios Sociales planeaba abrir otro centro con 12 plazas en régimen semiabierto en Collado Mediano, pero el proyecto ha quedado paralizado por la oposición vecinal suscitada en el municipio.

La Ley Penal del Menor, vigente desde el 13 de enero de 2001, encomienda a las comunidades autónomas el cumplimiento de las medidas sancionadoras y educativas que fiscales y jueces imponen a los jóvenes delincuentes.