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El magnate ruso Jodorkovski seguirá en prisión preventiva

Pilar Bonet

El tribunal de apelación de Moscú denegó ayer el recurso presentado por el magnate Mijaíl Jodorkovski y decidió mantenerlo en prisión preventiva hasta el 30 de diciembre, confirmando así la medida cautelar que el tribunal del distrito de Basmanni impuso al ex presidente de la petrolera Yukos el 25 de octubre, tras su espectacular detención en el aeropuerto de Novosibirsk.

A petición de la fiscalía, el tribunal celebró su sesión a puerta cerrada, tras obligar a salir de la sala tanto a los periodistas como a varios diputados de la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento), que protestaban por la falta de transparencia. Sobre Jodorkovski pesan siete cargos diversos -desde estafa a evasión de impuestos, pasando por la organización de grupo delictivo-, por los que podría ser condenado a una decena de años de prisión. Los abogados del magnate, que dimitió de sus cargos en la compañía estando ya en prisión, anunciaron la posibilidad de impugnar el fallo de los jueces y de recurrir incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Los abogados de Jodorkovski habían presentado al tribunal declaraciones de 40 diputados que se ofrecían como garantes de su comportamiento, en caso de que éste fuera liberado, así como el pasaporte del magnate. Jodorkovski, que participó en la sesión judicial por circuito cerrado de televisión, había solicitado la libertad bajo fianza y estaba dispuesto a pagar cualquier suma por ello. La fiscalía considera que Jodorkovski y su colega, Platón Lébedev, otro de los multimillonarios directivos de Yukos, han causado daños de más de 1.000 millones de dólares al Estado ruso. Lébedev se encuentra en la cárcel desde el pasado julio.

Prisionero político

Un grupo de defensores de derechos humanos, entre los que se cuentan Elena Bonner, viuda del científico Andréi Sájarov, y Serguéi Kovaliov, responsable de derechos humanos del primer presidente de Rusia, Borís Yeltsin, se han dirigido a la organización Amnistía Internacional para que reconozcan a Jodorkovski como prisionero político.

Asimismo, los abogados del jefe de Seguridad de Yukos, Anatoli Pichuguin, en prisión desde el pasado verano, denunciaron ayer que a su defendido le habían sido inyectadas sustancias que alteraban su estado mental en el calabozo del Servicio Federal de Seguridad (FSB), donde se halla recluido. El letrado Oleg Soloviov dijo ayer en una conferencia de prensa que Pichuguin no ha sido aún formalmente acusado de los delitos por los que se le considera sospechoso, entre ellos el asesinato de una pareja y dos atentados, y señaló que se le niega la atención médica que precisa en tanto que enfermo de diabetes.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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